Con 24 votos a favor, el Congreso local aprobó un exhorto dirigido a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASE) para que revise las cuentas públicas del municipio de Santa Catarina, particularmente en lo referente a contratos de arrendamiento, servicios generales y presuntos adeudos que habrían derivado en el embargo de unidades operativas.
La solicitud fue promovida por el diputado panista Miguel Ángel García Lechuga, quien señaló una presunta falta de pago cercana a los 30 millones de pesos, lo que habría provocado el retiro de pipas de agua, retroexcavadoras y diversa maquinaria utilizada para servicios municipales.
El legislador afirmó que la medida “no es un ataque político”, sino una acción para evidenciar lo que calificó como irregularidades en la administración municipal.
Te podría interesar
“No es falta de recursos, sino incapacidad para pagar 30 millones de pesos; es cinismo. Han pasado más de dos años sin cubrir adeudos a proveedores, mientras sí hay recursos para festejos”, expresó.
El diputado sostuvo que el municipio cuenta con un presupuesto anual superior a los 2 mil millones de pesos, por lo que consideró injustificada la falta de cumplimiento en los pagos y aseguró que esta situación habría dejado “desmantelada” el área de servicios públicos.
Te podría interesar
De acuerdo con el exhorto aprobado, se solicitó a la ASE revisar la cuenta pública del municipio, en particular las partidas de servicios generales y arrendamientos, así como investigar la falta de pagos durante un periodo de 14 meses y el posible daño al patrimonio municipal.
Asimismo, se pidió requerir el expediente completo relacionado con la empresa Integral Sofom, incluyendo facturas pendientes, egresos destinados a dichos pagos y la legalidad de las operaciones financieras, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas o financieras.
García Lechuga aseguró que la falta de equipo ha afectado la operación municipal, al señalar que actualmente existirían limitaciones en unidades para atender espacios públicos y vialidades, lo que impacta directamente en la prestación de servicios a la ciudadanía.
