Las extorsiones en Nuevo León mantienen en alerta a empresarios y transportistas ante recientes denuncias relacionadas con este delito, situación que ha reactivado el llamado para actualizar el marco legal estatal conforme a la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Desde finales de diciembre, el senador Waldo Fernández solicitó al Gobierno del Estado presentar las reformas necesarias para cumplir con el nuevo marco legal, un proceso que hasta ahora no se ha concretado, pese a tratarse de una responsabilidad constitucional.
“La extorsión es uno de los delitos que más daño causa a la vida cotidiana de las personas, a la economía de las familias y a nuestras empresas. Peor aún, se utiliza el miedo como mecanismo de control social”, comentó Fernández González.
La nueva ley establece un tipo penal uniforme en todo el país, contempla el aumento de penas y determina que la extorsión sea investigada de oficio, con el objetivo de reducir la impunidad y fortalecer la atención a las víctimas.
Otro de los puntos centrales es la aplicación de sanciones más severas a servidores públicos que encubran o no denuncien estos delitos, medida relevante ante señalamientos que involucran a autoridades municipales.
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La legislación federal también ordena la creación del Centro Nacional de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, y el bloqueo de llamadas provenientes de centros penitenciarios, desde donde operan diversas redes criminales.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública fijó como fecha límite el 30 de enero de 2026 para que los gobernadores presenten las reformas ante los congresos locales, por lo que el llamado es que el Congreso de Nuevo León apruebe las modificaciones a la brevedad posible.