La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de 84 millones de pesos a la empresa Zinc Nacional, como resultado de un procedimiento de inspección ambiental iniciado a principios de 2025, tras denuncias periodísticas por presuntas afectaciones al entorno.
De acuerdo con un comunicado oficial, la sanción fue aplicada el 17 de diciembre, luego de que la autoridad federal acreditara diversas violaciones al marco normativo ambiental vigente. Además de la multa económica, la resolución contempla 24 medidas correctivas orientadas a la atención integral de los impactos ambientales identificados en el sitio.
Entre los principales daños detectados se encuentran el almacenamiento de miles de toneladas de materia prima a cielo abierto y la contaminación del suelo natural con metales pesados, situaciones ante las cuales la empresa ya comenzó a implementar acciones correctivas bajo la supervisión de la Profepa.
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Convenio ambiental obliga a restauración y compensación
Como parte del proceso, el 10 de diciembre, Zinc Nacional firmó un Convenio de Responsabilidad Ambiental Objetiva, mediante el cual se comprometió a llevar a cabo acciones de reparación, restauración y compensación por los daños ocasionados al medio ambiente, conforme al artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La resolución establece que la empresa deberá elaborar y ejecutar un Programa de Remediación, el cual atenderá tanto la contaminación actual como la presencia histórica de contaminantes en el predio, incluyendo aquellos generados por operaciones previas al arribo de Zinc Nacional.
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Entre las medidas de compensación más relevantes destaca la reubicación de los procesos de recepción de polvos, peletizado, Proceso Waelz y calcinación en una nueva planta fuera de la zona habitacional del área metropolitana de Monterrey, sujeta a autorizaciones ambientales y estudios de factibilidad.
Asimismo, la empresa deberá destinar 5.38 hectáreas a reforestación, conservación de flora y fauna y reinserción de especies nativas, además de crear un área voluntaria de conservación de 4 hectáreas, que será registrada ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
El convenio también contempla la creación de una guía de monitoreo continuo, un mecanismo inédito que permitirá prevenir la repetición de daños ambientales y que estará disponible para consulta y supervisión de la Profepa. A partir de este instrumento, se realizarán mediciones periódicas de emisiones contaminantes al aire, incluyendo PM2.5, metales pesados y variables meteorológicas, con apoyo de laboratorios nacionales acreditados.
Entre las obras obligatorias se incluye la construcción de una nave de 9,000 metros cuadrados para evitar el almacenamiento a la intemperie de materiales, así como otra nave de 1,560 metros cuadrados para la recepción de polvos y lavado de camiones. También se pavimentarán 2,300 metros cuadrados de caminos internos y se construirá una fosa de captación de agua pluvial.
Otro resultado relevante es la conformación de una Red de Monitoreo Atmosférico no convencional para la industria, la primera de su tipo en América Latina, diseñada para complementar las redes oficiales y vigilar emisiones de metales pesados, partículas suspendidas y compuestos orgánicos volátiles.
La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrel, señaló que este caso marca un parteaguas en la forma de vigilar e inspeccionar a las industrias, al priorizar la prevención, la reparación del daño ambiental y la eliminación de las causas que lo originan.