Con el objetivo de garantizar una protección más efectiva a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo resguardo del Estado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Paola Linares López, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León.
La propuesta plantea otorgar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la facultad de promover de manera directa el Juicio Especial de Pérdida de la Patria Potestad, sin depender exclusivamente del Ministerio Público, lo que permitiría agilizar procesos legales que actualmente mantienen a muchos menores en un estado de incertidumbre jurídica.
La legisladora explicó que, bajo el esquema vigente, existen niñas y niños que permanecen durante largos periodos en albergues, aun cuando ya no es viable su reintegración familiar, debido a la lentitud de los trámites legales, situación que vulnera su derecho a crecer en un entorno estable y seguro.
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“Esta iniciativa no busca castigar, sino proteger. Se trata de que el Estado pueda actuar con mayor rapidez y responsabilidad cuando la integridad y el bienestar de la niñez están en juego”, expresó Linares López.
Plantean agilizar decisiones bajo el interés superior de la niñez
Paola Linares destacó que la Procuraduría de Protección es la instancia que conoce de forma directa cada caso y que ya tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que consideró necesario dotarla de mayores herramientas legales para cumplir de manera efectiva con esta función.
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La diputada subrayó que la reforma no elimina la supervisión judicial, ya que todas las decisiones seguirán siendo evaluadas por la autoridad correspondiente, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez, priorizando su desarrollo integral y su derecho a una vida digna.
Finalmente, reiteró que el propósito de la iniciativa es reducir los tiempos de espera y brindar certeza jurídica a menores que actualmente viven en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo así el papel del Estado como garante de sus derechos.