Como resultado de la audiencia inicial contra el ex director de Seguridad Pública y ex coordinador de Policía de Linares, un agente del Ministerio Público los vinculó a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, junto con otros cinco oficiales que fungían como sus escoltas.
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial para resolver la situación jurídica de los exmandos y expolicías municipales de Linares, quienes fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Durante la diligencia, un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas imputó a Ernesto "N", Francisco "N", Pablo "N", Nazario "N", Juan "N", Norberto "N" y Omar "N" por hechos ocurridos en abril pasado, y presentó datos de prueba que presuntamente acreditan su participación activa en el caso.
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A solicitud de la defensa, el juez de control concedió la duplicidad del término constitucional por 144 horas, por lo que será hasta el 15 de junio cuando se reanude la audiencia para determinar si los imputados serán o no vinculados a proceso.
Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva, misma que deberán cumplir en un Centro de Reinserción Social del Estado de Nuevo León.
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¿Porqué fueron detenidos?
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó este martes la detención de Ernesto “N”, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Linares, junto con Francisco "N", ex director de Policía y cinco personas más, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de Juan Jesús Padrón Gómez, ocurrida el 3 de abril de 2025.
Los hechos se registraron en la colonia Fomerrey Las Huertas, en Linares, al sur del estado. La víctima, Juan Jesús Padrón, fue reportada como desaparecida desde esa fecha, lo que dio inicio a una investigación que derivó en una orden de aprehensión contra el mando policiaco, junto con quien fuera su subalterno.
La Fiscalía informó a través de un comunicado que la orden fue ejecutada este mismo día, en cumplimiento de una investigación por hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas, una figura penal que implica la participación de autoridades o servidores públicos en la privación ilegal de la libertad de una persona.