Con 33 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la creación de la Procuraduría Ambiental. El actual Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Sepúlveda, tendrá un mes para avalar quién será el titular de esta nueva dependencia.
La iniciativa que fue leída por la diputada Ivonne Álvarez, fue propuesta por el ciudadano Carlos Ávila Valero, y en ella se expone que en todo 2024 se abrieron ante la Fiscalía Estatal 37 carpetas de investigación por el mismo número de delitos de presunta naturaleza ambiental.
De esta forma, de mayo 2021 hasta febrero 2025, se tienen registrados 132 presuntos delitos en materia ambiental. En apenas los dos primeros meses de 2025, se superaron en un 80 por ciento los delitos denunciados en 2024.
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Además se señala que Monterrey y su zona metropolitana es una de las cinco ciudades mexicanas con la peor calidad del aire del país, e incluso, de Latinoamérica. Todos los días las estaciones que miden la calidad del aire a través del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental operado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Medio Ambiente, rebasan los niveles máximos permisibles en distintos parámetros contaminantes.
La Secretaria de Medio Ambiente proporcionará, en las materias de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le sean solicitados por las personas denunciantes, mientras el Ministerio Público o por las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos ambientales.
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La diputada Claudia Chapa Marmolejo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso, destacó la importancia de la aprobación de la nueva fiscalía, la cual tendrá la posibilidad de imponer sanciones a quien contamine.
"Hoy pusimos el ejemplo a nivel nacional, proponiendo la creación de una Fiscalía Ambiental que ahora sí impondrá sanciones a todo aquel ente que dañe el medio ambiente en Nuevo León. Dentro de las facultades que tendrá esta nueva fiscalía, será el que al haber alguna denuncia sobre un hecho de contaminación, puede existir una investigación directa en el caso, y no desde una perspectiva general.
"Debo resaltar que la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente sigue en funciones, pero solo tiene atribuciones de sanciones administrativas, mientras que esta fiscalía que estamos proponiendo será completamente autónoma y de carácter sancionadora penal".