Diversos colectivos ciudadanos acudieron al Congreso del Estado para exigir a los diputados sea sancionado el gobernador Samuel García Sepúlveda por los juicios políticos y determinaciones de órganos electorales federales.
En un escrito que fue entregado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo integrantes de CADHAC y Alza tu Voz por lo que hicieron el llamado a aplicar las sanciones correspondientes según lo establecido por la legislación electoral, en respuesta a las violaciones confirmadas y las cuales son inapelables.
Jesús Abascal Ukles, fiscal de Ciudadanos Anticorrupción dio un ultimátum para que se realicen las investigaciones necesarias.
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"Y exigiendo que si en el término de seis días no ejecutan esas veintiún sentencias, las cuales ya les ordenaron sancionar, y los diputados, cualquiera que sea, siguen impidiendo la destitución inmediata de Samuel García como gobernador, la siguiente acción será permitir que todos los usuarios de camiones, y escúchenlo bien, van a pagar solamente cinco pesos por viaje de los camiones chatarra verde, o sea, en las rutas a las que le dieron las concesiones, y me refiero a TICSA, a FORZA y a Ego Móvil", sostuvo Abascal Ukles.
Además solicitaron Congreso del Estado de Nuevo León, ordenar una auditoría minuciosa de las cuentas públicas del Gobierno del Estado, con especial énfasis en aquellos casos que ya causaron estado, por haber sido juzgados y sentenciados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Estatal Electoral, que confirmaron violaciones a la ley electoral.
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Otros de los casos que se solicitan se investigue están la compra del terreno en el municipio de Santa Catarina para la fallida instalación de la gigafactory de Tesla, el despacho del Gobernador y su padre habrían recibido más de 128 millones de pesos.
La "donación" de un terreno de 17.6 hectáreas en La Corona de San Pedro, al despacho suyo y de su padre, presuntamente a cambio de un contrato para la construcción de las líneas del metro, valuado en 700 millones de pesos, por parte del Grupo Gentor y la empresa Monta Eguil.
Una empresa vinculada al despacho jurídico del gobernador y su padre, recibió del erario estatal 203 millones de pesos para proveer alimentos a los centros penitenciarios del estado.
La compra de un rancho de 700 hectáreas en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, valuado en 800 millones de pesos.