Un grupo de empresas proveedoras y subproveedoras de obra pública en Nuevo León fue denunciado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntas irregularidades fiscales y laborales, lo que abrió el debate sobre la necesidad de endurecer los requisitos para participar en compras y contratos del Gobierno estatal.
De acuerdo con la documentación presentada ante autoridades federales, las compañías señaladas habrían incurrido en prácticas como subdeclaración salarial, pagos en efectivo, simulación de nómina y el uso de múltiples razones sociales que operarían como una sola unidad económica. Estas empresas han participado como contratistas y subcontratistas en obras públicas financiadas con recursos municipales, estatales y federales.
"Los expedientes indican que, aunque existen Comprobantes Fiscales Digitales de Nómina (CFDI), los salarios reportados no coincidirían con los montos realmente pagados a los trabajadores, lo que impactaría en el pago de cuotas obrero-patronales, ISR y otras contribuciones", detalló la marketing manager Nohelia Núñez
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Además, se señala que parte del personal sería administrado y pagado de manera alternada por distintas razones sociales, pese a compartir estructura administrativa, contable y operativa.
Especialistas advierten que estas prácticas podrían reducir artificialmente los costos y permitir la presentación de propuestas más bajas en licitaciones, generando una ventaja indebida frente a empresas que cumplen con la ley.
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¿Cuál es la propuesta?
Ante este escenario, se presentó una iniciativa ciudadana de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, con el objetivo de cerrar vacíos legales y exigir que también los subcontratistas acrediten cumplimiento real en materia fiscal y laboral.
Las denuncias se encuentran en etapa de análisis por parte del IMSS y el SAT, mientras que también se prevé dar vista a la Auditoría Superior del Estado para revisar contratos y subcontratos de obra pública, en busca de garantizar transparencia, competencia leal y protección a los trabajadores.