En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), vuelve a tomar relevancia la iniciativa conocida como Ley Abril Pérez Sagaón, impulsada en 2019 por el entonces senador y hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, tras el feminicidio de la sampetrina Abril Cecilia Pérez Sagaón.
¿En qué consistía esta propuesta legislativa?
La propuesta legislativa surgió el 8 de diciembre de 2019, cuando García se reunió en Monterrey con familiares de Abril —asesinada en la Ciudad de México el 25 de noviembre de ese año— y anunció una reforma para fortalecer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objetivo era establecer mecanismos de protección más rápidos y efectivos para mujeres en riesgo.
En aquel encuentro, donde estuvieron presentes Javier Pérez, hermano de Abril, y Ana Cecilia García Pérez, su hija, el entonces senador explicó que la reforma buscaba integrar todas las iniciativas en la materia en una sola modificación integral.
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La intención era que la propuesta llegara a la Cámara de Diputados de manera urgente y quedara aprobada antes de finalizar el año.
La víctima había denunciado meses antes un intento de feminicidio, pero el caso fue reclasificado, permitiendo que el agresor enfrentara el proceso en libertad.
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En ese contexto, el Senado, con todas las bancadas, envió un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal para sancionar a los jueces y al magistrado que reclasificaron el delito.
2025: Movimiento Ciudadano presenta iniciativas para reconocer la legítima defensa por violencia de género.
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León retomó este enfoque y presentó dos iniciativas que buscan garantizar que las mujeres víctimas de violencia no sean criminalizadas cuando se defienden de sus agresores.
¿Cuáles fueron las propuestas presentadas este 2025?
Las propuestas, encabezadas por Melisa de la Peña, Sandra Pámanes y Baltazar Martínez Ríos, con el acompañamiento de Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres, incluyen:
- Reformas al Código Penal de Nuevo León, específicamente a los artículos 17 y 20.
- La adición de un párrafo al artículo 284 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objetivo es reconocer explícitamente la legítima defensa en contextos de violencia familiar o feminicida, y que las autoridades juzguen con perspectiva de género.
Durante la presentación, Buchanan subrayó que aún existen casos de mujeres encarceladas pese a haber actuado para proteger su vida o la de sus hijos.
Señaló que la falta de perspectiva de género provoca que fiscales y jueces interpreten sus acciones como “exceso en la defensa”.
La funcionaria también mencionó que muchas víctimas no denuncian por miedo, amenazas o falta de recursos, por lo que la ley debe tomar en cuenta su entorno y brindar protección jurídica real.