Rumbo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (N25), la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León presentó dos iniciativas que buscan garantizar que mujeres víctimas de violencia no sean procesadas de manera injusta cuando se defienden de sus agresores.
El anuncio fue encabezado por las diputadas Melisa de la Peña, Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada, y el diputado Baltazar Martínez Ríos, quienes estuvieron acompañados por Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres en el estado.
¿Cuál es el objetivo de la propuesta?
Las propuestas contemplan reformas al Código Penal de Nuevo León y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo central de reconocer legalmente la legítima defensa motivada por violencia familiar o feminicida.
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¿Qué artículos se modificarán con esta reforma?
En el Código Penal, se plantean modificaciones a los artículos 17 y 20, mientras que en la Ley de Acceso se propone añadir un párrafo al artículo 284 Bis, con la intención de establecer criterios claros y obligar a las autoridades a juzgar con perspectiva de género.
Presentan casos de mujeres encarcelas tras defender su vida
Durante su intervención, Graciela Buchanan destacó que aún existen casos en los que mujeres que actúan para proteger su vida o la de sus hijos terminan privadas de su libertad, pues fiscales o jueces interpretan sus acciones como “exceso” en la defensa.
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Subrayó que estas reformas buscan eliminar ambigüedades y dejar explícito que la defensa ante violencia de género constituye una causa plenamente justificada.
La funcionaria señaló que la iniciativa responde también a casos recientes registrados en Nuevo León, donde mujeres han sido investigadas penalmente a pesar de contar con antecedentes de agresiones documentadas por familiares, vecinos o instituciones.
Buchanan afirmó que muchas víctimas no denuncian por miedo, amenazas o falta de recursos, pero eso no significa que no vivan violencia severa; por ello, la ley debe reconocer su contexto y ofrecerles protección jurídica real.