El Gobierno del Estado de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, anunció su veto a la reforma electoral aprobada por el Congreso local en primera vuelta, al considerar que representa un retroceso en materia de paridad de género.
El mandatario se pronunció en contra de que la posibilidad de reservar la candidatura a la gubernatura únicamente para mujeres se posponga hasta el proceso electoral de 2030.
El tema generó polémica política, pues la discusión se da en un contexto en el que se menciona que Movimiento Ciudadano podría postular a Mariana Rodríguez como candidata en los comicios de 2027, dejando fuera a contendientes hombres de otros partidos.
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En un comunicado oficial, el Ejecutivo estatal explicó que las observaciones al acuerdo se basan en dos puntos:
La postergación de la paridad de género, que calificó como un retroceso contrario al principio de progresividad de los derechos humanos reconocido por la Constitución Federal.
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La necesidad de armonizar cualquier cambio con la reforma electoral nacional encabezada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, instalada el 4 de agosto de 2025, con el fin de evitar contradicciones jurídicas.
El comunicado subraya que el Gobierno estatal busca garantizar que las mujeres participen plenamente en la vida política del estado y que las reformas se mantengan en congruencia con la legislación federal.
Sin embargo, juristas y fuentes legislativas advirtieron que el Gobernador no cuenta con facultades legales para vetar reformas de carácter constitucional o electoral, según los artículos 126, fracción III, y 214 de la Constitución local. Estos artículos establecen que el Ejecutivo no puede hacer observaciones ni intervenir en actos electorales del Congreso.
Además, el artículo 212 precisa que las reformas constitucionales aprobadas en primera vuelta deben publicarse y circularse para su discusión, sin que el Ejecutivo intervenga en el proceso.
Hasta el momento, el Congreso del Estado no ha recibido oficialmente el documento con las observaciones anunciadas por el Gobierno estatal, aunque se prevé que el tema derive en una controversia legal y política sobre los límites de las facultades del Ejecutivo frente al Legislativo.