La captura de Víctor Hugo “N”, empresario de 31 años originario de Monterrey, reveló la operación de un presunto fraude millonario ligado a la firma Peak Growth Capital. El joven fue detenido en Madrid, España, tras activarse una ficha roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la República, y ahora enfrenta un proceso de extradición a México.
Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el esquema consistía en atraer inversionistas con la promesa de rendimientos de hasta un 24 por ciento por reinvertir sus ganancias en planes financieros. Sin embargo, los pagos nunca se concretaron y las ganancias ofrecidas resultaron inexistentes.
El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, advirtió que este tipo de ofertas son señales claras de riesgo, pues porcentajes tan altos suelen estar asociados a esquemas fraudulentos.
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Las denuncias interpuestas señalan un daño patrimonial superior a 150 millones de pesos, con al menos entre ocho y catorce querellas formales. No obstante, las autoridades estiman que el número real de afectados podría ser mayor, ya que muchas víctimas aún no han denunciado.
La mayoría de los inversionistas defraudados eran pequeños y medianos ahorradores que confiaron en la empresa para hacer crecer su capital, pero nunca recibieron los beneficios.
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Tras la captura, la Fiscalía de Nuevo León inició los trámites de extradición para que Víctor Hugo “N” sea trasladado a Monterrey y enfrente a la justicia mexicana. Asimismo, exhortó a más posibles víctimas a presentar sus denuncias y sumarse a la investigación.
Esto se requiere para su extradición
Para que Víctor Hugo “N” sea repatriado a México, el Gobierno de España debe recibir toda la documentación formal que respalde la solicitud de extradición emitida por la Fiscalía de Nuevo León. Una vez entregados los documentos, el Ejecutivo Español analizará la petición, lo que podría tardar desde una o dos semanas en caso de extradición exprés, hasta dos o tres meses en procesos más complejos.
Si se aprueba la extradición, el empresario podría ser trasladado a México en un avión oficial enviado por el Gobierno de Nuevo León o en un vuelo comercial, escoltado por autoridades españolas y mexicanas. Mientras tanto, permanece en prisión en España a disposición de la justicia, a la espera de que se concrete el proceso legal que lo regrese al país.