Pese a la convocatoria realizada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, para llevar a cabo una sesión solemne este sábado, ningún legislador local asistió, incluida la propia convocante.
La sesión estaba programada para instalar una nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, luego de que el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León (TEENL) emitiera un Acuerdo Plenario, vinculando a los diputados a sesionar dentro de las 24 horas siguientes a la notificación.
El documento distribuido entre los legisladores indicaba que la sesión debía celebrarse este sábado 21 de septiembre a las 14:00 horas. Sin embargo, ni los diputados, ni sus asesores o personal de prensa acudieron al recinto. Incluso, el edificio permaneció cerrado, y el personal de seguridad aseguró no tener conocimiento de la realización de ninguna sesión.
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En un comunicado emitido por el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, se advirtió que, de no cumplirse con lo establecido por el TEENL, se podrían imponer nuevas sanciones. Una de estas medidas ya afectó a la diputada panista Myrna Grimaldo, quien fue multada con 19,542.60 pesos por incumplimiento de una sentencia del órgano electoral el pasado 17 de septiembre.
El mismo comunicado también señaló que cualquiera de los 42 diputados de la Septuagésima Séptima Legislatura está facultado para convocar y realizar la sesión solemne. Sin embargo, esto tampoco sucedió.
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Por su parte, la diputada del PRD, Perla Villarreal Valdez, fue cuestionada sobre la ausencia de los legisladores y explicó que Sandra Pámanes se había excedido al convocar la sesión, ya que existe una suspensión emitida por el Poder Judicial que impide la realización de dicha sesión.
A pesar de la falta de asistencia de los diputados, personal del Tribunal Estatal Electoral acudió este sábado al Congreso del Estado para notificar al Oficial Mayor, Joel Treviño Chavira, sobre el cumplimiento del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales con clave JDC-98/2024 y acumulados.
La notificación, que fue colocada en la puerta principal del Congreso, solicita al Oficial Mayor que acredite las acciones realizadas para cumplir con la sentencia dictada por el tribunal electoral. Entre las medidas solicitadas está la habilitación de la Oficialía de Partes, con un plazo de 24 horas para responder a la notificación.
En el escrito que fue pegado en la puerta principal del Congreso se lee
"Se allegue la documentación correspondiente, para de acreditar las acciones que ha realizado en aras de dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano, con clave
JDC-98/2024:
"Se acuerda:
ÚNICO: SE REQUIERE al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León, pasado diecisiete de septiembre, así como al acuerdo de ejecución dictado el veinte de los corrientes; entre otras, si ha girado instrucciones a fin de habilitar la oficialía de partes. Información que deberá remitir dentro de un plazo de 24-veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveido".