En una resolución unánime, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ratificó ayer los triunfos del Partido Acción Nacional (PAN) en San Nicolás de los Garza y de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Los Herreras, Nuevo León.
La decisión se produce luego de que se revisara la impugnación de la coalición PAN-PRI-PRD, quienes cuestionaron la validez de los comicios en ambos municipios, alegando irregularidades en el proceso electoral.
Ratifican el triunfo del Pan en San Nicolás
El principal foco de atención se centró en San Nicolás, donde se analizaron las casillas instaladas durante la elección municipal. Aunque se anuló la votación en 19 de las 598 casillas, los magistrados confirmaron que la modificación en el cómputo no alteró el resultado final, por lo que se reafirmó el triunfo de Daniel Carrillo, candidato del PAN.
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El proyecto de resolución, aprobado por unanimidad, dejó claro que el análisis del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre las causas de nulidad fue correcto y que los actores no lograron demostrar la vulneración de principios constitucionales en el proceso electoral.
Ratifican el triunfo de Movimiento Ciudadano en Los Herrera
Por su parte, en el municipio de Los Herreras, el TEE también ratificó el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano, Héctor González Garza, quien ganó por una ajustada diferencia de tres votos. La impugnación presentada por la coalición PAN-PRI-PRD se centró en la presunta presión ejercida por un funcionario público cercano a MC, quien fungió como funcionario de casilla.
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El magistrado Ernesto Camacho Ochoa explicó que, si bien dicho funcionario tenía el cargo de Director de Desarrollo Social del municipio, no se acreditaron actos específicos en los que el sujeto hubiera ejercido presión sobre los votantes. En consecuencia, la Sala Regional desestimó las acusaciones y ratificó la victoria de González Garza.
Durante la sesión, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho destacó que, aunque no se demostraron irregularidades suficientes para anular los resultados, la participación de funcionarios públicos relacionados con algún partido en la operación de casillas es una práctica que debe evitarse por razones éticas.
Valle argumentó que dicha situación puede poner en riesgo la integridad del proceso electoral y sugirió que los partidos políticos deberían tomar medidas para evitar este tipo de conflictos en futuras elecciones.