Tras darse a conocer una serie de supuestas triangulaciones por parte del Gobierno del Estado al despacho del Gobernador Samuel García, su padre y el hermano de Miguel Flores, jefe de oficina del mandatario, el Consejo Cívico Nuevo León pidió al ejecutivo, por medio de un comunicado, dar una explicación sobre los señalamientos.
Además, exigieron a García Sepúlveda rendir cuentas sobre su patrimonio, así como el de sus familiares y los presuntos vínculos de sus negocios con las empresas proveedoras del Estado.
"Exhortamos al Gobernador a clarificar el origen de su patrimonio y su relación con los despachos de abogados de los que era socio antes de ser funcionario electo, para evitar posibles conflictos de interés".
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"Asimismo, solicitamos a la Contraloría Estatal que investigue todas las empresas mencionadas en medios, revise montos cobrados y servicios entregados, y garantice la selección de las mejores opciones para contratos de obra pública y adquisiciones".
El consejo señaló que actualmente no se cuenta con información pública sobre posibles investigaciones por parte de la Auditoría Estatal, la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, el Servicio de Administración Tributaria o la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ejecutivo y sus negocios familiares, por lo que pidieron iniciar las averiguaciones correspondientes.
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"Pedimos a la Secretaría de Administración una presentación pública de los mecanismos de prevención y detección de conflictos de interés y corrupción en los procesos de compras y asignación de obra pública, especialmente en la contratación de empresas fantasmas o EFOS".
"Solicitamos a las autoridades de investigación antes mencionadas que informen a la ciudadanía si se han iniciado investigaciones sobre la supuesta corrupción y abuso de poder señalados en medios".
Ante las presuntas acusaciones, el Consejo Cívico Nuevo León exigió respeto a la ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas.
Las supuestas triangulaciones se realizaron desde los principales proveedores del Estado como Suministro MYR por 202 millones, Don Cacahuato, proveedora del DIF estatal por 820 millones, y PILSA por 40 millones de pesos. Todas son clientes de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, en la que son socios Samuel García y su padre Samuel García Mascorro.