La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por unanimidad que el Congreso local incurrió en violencia política institucional al demorar deliberadamente la incorporación de Rosaura Guerra como Diputada local en funciones.
En el juicio JDC-43/2024, la Sala revocó un fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que originalmente descartaba la violencia política de género alegada por Guerra, quien es suplente de la priista Alhinna Vargas.
La sentencia establece que la falta de avance en el proceso se debió a motivos políticos, sin considerar el género de la suplente. La Sala determinó que sí existió violencia política en perjuicio de Guerra atribuible a la institución (Congreso local), por no dar seguimiento al trámite de renuncia de la Diputada propietaria.
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Aunque los hechos no tuvieron un impacto diferenciado por género, revelaron una afectación institucional indebida. La magistrada presidenta, Claudia Valle Aguilasocho, destacó que hubo una acción deliberada para retardar el proceso en contra de Guerra debido a disputas políticas internas.
En la misma sesión, la Sala confirmó multas impuestas a Mauro Guerra y Ricardo Canavati Hadjópulos, presidentes de la Mesa Directiva del Congreso, por no cumplir la sentencia que ordenaba la toma de protesta a Guerra.
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Además, la Sala revocó un acuerdo en el que el presidente del Congreso solicitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) suplir a Diputados de Movimiento Ciudadano por presuntas ausencias. Se determinó que esta medida carecía de fundamentos y no se demostró la inasistencia de los legisladores.