NUEVO LEÓN

Alcaldes de Nuevo León interponen amparo contra embargos por parte del Estado

Los ediles de San Nicolás, Guadalupe y Pesquería perciben estas acciones como una represión por parte del Gobernador hacia aquellos alcaldes que no pertenecen al partido Movimiento Ciudadano.

Créditos: Municipio de San Nicolás
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Los alcaldes Daniel Carrillo, de San Nicolás; Cristina Díaz, de Guadalupe y Patricio Lozano, de Pesquería; presentaron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación en respuesta a la retención de las cuentas bancarias de los municipios por parte de la Tesorería Estatal; consideraron estos actos como 'represivos'. 

Los ediles antes mencionados, así como asesores jurídicos de Juárez, Cadereyta, García y Santiago, se dirigieron a los juzgados en materia administrativa para expresar su inconformidad y solicitar un juicio de amparo que proteja a los ayuntamientos de lo que consideran abusos ordenados por el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda. 

En palabras de Carrillo Martínez: "Venimos a presentar un amparo para lograr la suspensión y que no afecte la operatividad de los gobiernos municipales, estos procesos son ilegales, es decir, no cumplieron todos los pasos de requerimiento, de notificación y por supuesto de embargo, actúan en contra, con abuso de autoridad, de los gobiernos municipales… el Gobierno del Estado lo que quiere es que no prestemos los servicios públicos básicos a la ciudad".

Fotografía: Municipio de San Nicolás

El alcalde también señaló que la administración de San Nicolás no tiene ningún adeudo como lo ha afirmado la administración estatal. Por su parte, la alcaldesa Cristina Díaz mencionó que en el caso de Guadalupe se trata de adeudos históricos, los cuales ya cuentan con amparos y convenios firmados.

Por otro lado, Patricio Lozano destacó que las acciones tomadas por el Ejecutivo buscan entorpecer la operatividad de las ciudades justo antes de la temporada electoral, afectando a aquellos que no son afines al partido del Gobernador Samuel García,  Movimiento Ciudadano. 

Se espera que la solicitud sea aprobada en menos de quince días y no afecte la operatividad de los municipios.