En respuesta a un emplazamiento de la Corte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, emitió un decreto mediante el cual el Congreso estatal traslada la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Tesorería estatal a la Fiscalía General.
El acuerdo fue publicado en la edición del Periódico Oficial del Estado del lunes y se subió a la red en los primeros minutos de hoy.
Con esta medida, la UIFE se convierte en una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera dependiente de la Fiscalía General, la cual tendrá la responsabilidad de designar a su titular, quedando fuera del ámbito estatal.
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Con el decreto se estableció un plazo de 60 días naturales para que el Fiscal General designe al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, así como un plazo adicional de 90 días naturales para que la Fiscalía General y la Tesorería estatal realicen las reformas necesarias para su reglamento interno.
Los diputados locales del PRI y PAN, con mayoría en el Congreso, aprobaron hace año y medio sacar a la UIFE del organigrama de la Tesorería y situarla bajo la Fiscalía, un órgano supuestamente autónomo pero controlado por tricolores y albiazules a causa de las diversas polémicas que la rodean.
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El decreto fue aprobado desde el 15 de junio del 2022 se concretó dos días antes de que venciera el plazo establecido por la Corte.
Esta decisión de la Corte surgió de una controversia constitucional presentada por el Poder Legislativo, acusando al Estado de omitir la publicación de la reforma en el Periódico Oficial para su entrada en vigor.
La Administración estatal emecista anunció que, tras la publicación, presentará inmediatamente una controversia alegando la invasión de facultades del poder ejecutivo.