Por el bien de la seguridad en la protección a los derechos universales de las personas detenidas, la CEDH y la Fiscalía estatal signaron acuerdos en protocolos de seguridad más apegados a proteger los derechos humanos.
Es así que este fin de semana la Comisión Estatal de Derechos Humanos en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León reafirmaron su compromiso con la mejora continua en la atención hacia grupos vulnerables.
La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano explicó que desde el mes de agosto, se iniciaron las sesiones de trabajo para la creación del Manual de Atención al Primer Contacto a Grupos de Atención Prioritaria, con el objetivo de garantizar que se cuente con las herramientas y condiciones necesarias para brindar un servicio adecuado y libre de discriminación.
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“Con este manual se busca fomentar un trato digno y respetuoso, en el marco de los derechos humanos, para que el primer contacto con las autoridades sea inclusivo y no discriminatorio”, puntualizó Méndez Arellano.
Se llevarán a cabo actividades de difusión y capacitación para que el personal pueda conocer de manera específica las necesidades y características de los grupos vulnerables, como personas migrantes, personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores, así como niñas, niños y adolescentes.
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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió sus puertas a las organizaciones de la sociedad civil, que fueron convocadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para compartir sus conocimientos y experiencias sobre los grupos de atención prioritaria.
En las mesas de trabajo realizadas en las instalaciones de la sede de San Nicolás de la Fiscalía, participaron diversas asociaciones especializadas en temas de migración, diversidad, discapacidad, mujeres, personas mayores e infancias, quienes aportaron diversas perspectivas para enriquecer el Manual y su aplicación en el primer contacto con los ciudadanos.
En la sesión de clausura de estos trabajos estuvo presente Alejandro Carlín Balboa, vicefiscal de Control y Desarrollo de la Procuración de Justicia de Nuevo León, quien reconoció la necesidad de crear conciencia entre las personas servidoras públicas de la Fiscalía para fomentar la sensibilidad sobre la importancia de erradicar la discriminación y promover la igualdad, tanto en el trato al público como dentro del propio ambiente laboral.