De no aprobarse mayores recursos para los organismos autónomos, se podría poner en riesgo la seguridad, la justicia y los derechos humanos en Nuevo León.
En esto coincidieron los titulares de diversas dependencias que este jueves se reunieron con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Arturo Salinas Garza, dijo que, en el caso de la dependencia que encabeza, se solicitó como parte de su presupuesto 3 mil 212 millones de pesos, de los cuales 102 millones estarían destinados a la descentralización de sus oficinas, evitando que la ciudadanía tenga que trasladarse hasta el centro de Monterrey para realizar trámites.
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Este 2024 fue complicado, ya que incluso se retrasó en varias ocasiones la nómina para los trabajadores.
"Si no nos aprueban los proyectos de inversión, se dejaría de hacer la descentralización de los centros de convivencia, no se ampliarían los Palacios de Justicia de García y San Pedro, ni se harían inversiones en materia tecnológica, que son muy importantes.
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Esto, con un gasto corriente que aún no cubre el 100% de lo solicitado. Lo que pedimos es lógico: únicamente la inflación, que debe otorgarse por ley. Sin embargo, no hubo presupuesto el año pasado, y este año también hay inflación. Solo pedimos lo que, por ley, le corresponde a todos los organismos de gobierno", afirmó Arturo Salinas Garza.
El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, según Salinas Garza, recibe 180 mil expedientes nuevos cada año, con un incremento del 10% y una disminución del 12% en el personal.
En el caso de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el encargado de la oficina, Pedro Arce Jardón, señaló que actualmente tienen menos personal que cuando la dependencia era Procuraduría.
El problema más crítico está en el personal operativo de la institución.
Arce Jardón comentó que requieren al menos 4 mil 560 millones de pesos para operar, además de 570 millones adicionales para infraestructura, incluyendo el nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, un Centro de Control y Confianza, un Panteón Forense y una nueva Academia de la Fiscalía.
"Actualmente tenemos 245,250 carpetas de investigación en trámite. Cada ministerio público carga en promedio con más de 370 carpetas, un número muy superior a la media nacional. Esto provoca que los procesos sean lentos, generando un cuello de botella y afectando a las personas que no ven avances en sus casos," explicó Pedro Arce Jardón.
Por su parte, Olga Susana Méndez Arellano, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indicó que la falta de recursos afectará el acompañamiento a familias buscadoras de personas desaparecidas, así como el apoyo médico y psicológico a las víctimas de delitos y la capacitación a diversos grupos de la sociedad.
Señaló que la Comisión no puede subsistir con 84 millones de pesos, por lo que ha solicitado 138 millones.
"La Comisión Estatal es el organismo de derechos humanos con mayor confianza, según el INEGI. Sin embargo, solo contamos con 26 abogados en las tres visitadurías generales, lo que limita nuestra capacidad para atender las quejas que recibimos," afirmó Méndez Arellano.
El Auditor Superior del Estado, Alejandro Reynoso Gil, comentó que el Gobierno Estatal autorizó solo 475 millones de los 669 millones solicitados, indispensables para proyectos como un laboratorio de pavimentos.
"Estas mesas son productivas para exponer nuestras necesidades y justificar los presupuestos solicitados," añadió Reynoso Gil.
En tanto, el Tribunal Estatal Electoral solicitó 111 millones de pesos, pero solo le autorizaron 78 millones. Por su parte, Info NL pidió 215 millones, de los cuales recibirá 134 millones.
Planta tesorero a diputados locales
A pesar de haber sido citado, el secretario de Finanzas y Tesorero Estatal, Carlos Garza Ibarra, no asistió a la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto ni envió algún representante.
La diputada Ivonne Álvarez García, presidenta de la Comisión, indicó que el funcionario fue convocado a las 14:00 horas, pero tras hora y media de espera, no hubo respuesta.
"Hemos escuchado a alcaldes y organismos autónomos, y esperábamos construir en conjunto con el gobierno estatal. Sin embargo, la ausencia del tesorero demuestra una falta de interés por dialogar con los diputados," señaló Ivonne Álvarez García.
A estas mesas de trabajo asistieron el miércoles 25 alcaldes de los 51 municipios de Nuevo León y ocho organismos autónomos.