El Congreso del Estado de Nuevo León presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el Juez Tercero de Distrito en Materia del Trabajo del Primer Distrito Judicial en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios. La acción legal se lleva a cabo en respuesta a lo que se considera una actuación dolosamente ilegal en relación con la suspensión provisional otorgada en el expediente de amparo vinculado a la designación del gobernador interino que reemplazará al actual titular del Ejecutivo Estatal, Samuel Alejandro García Sepúlveda.
En un comunicado, el Poder Legislativo de Nuevo León informó que la queja busca la intervención urgente y contundente del Consejo de la Judicatura Federal para analizar y sancionar la aparente actuación irregular del juez. Se argumenta que el juez actuó sin profesionalismo, sin actualizar sus conocimientos jurídicos y sin estudiar con detenimiento los expedientes y proyectos que tiene a su cargo.
Entre las violaciones alegadas se incluyen ineptitud, descuido en el desempeño de sus funciones, desacato al texto expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, así como una actuación extralimitada en el uso de sus facultades al pronunciarse sobre un asunto de materia electoral del cual no debería haber conocido.
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La suspensión provisional concedida por el juez federal, según la información extraoficial, pretende limitar las facultades del Congreso del Estado en la designación del gobernador interino, a pesar de resoluciones judiciales previas de instancias como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El comunicado destaca la existencia de sentencias y suspensiones dictadas por el Tribunal Electoral que respaldan la facultad exclusiva del Congreso Estatal para nombrar al Gobernador Interino. A pesar de estas decisiones, el Juez Domínguez Barrios ha admitido a trámite un amparo indirecto y concedido una suspensión que, según el Congreso, busca ampliar el alcance de la sentencia del Tribunal Electoral en perjuicio de la facultad soberana del legislativo local. La resolución de esta queja administrativa podría tener implicaciones significativas en la disputa entre el Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León.