Una pugna política entre el Estado y las bancadas del PRI y el PAN parece haber dejado en el limbo a más de 7 mil empleados de organismos autónomos en Nuevo León, quienes hoy no recibieron su pago de nómina, presuntamente como resultado de esta disputa.
Se estima que aproximadamente 3,600 empleados de la Fiscalía General del Estado, 2,500 del Poder Judicial, 400 del Congreso local, 200 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai), 200 de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y unos 100 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se ven afectados por esta situación.
Según fuentes, la falta de pago se traduce en la no transferencia de los fondos desde la Tesorería del Estado, a cargo de Carlos Garza. Este incidente, que ha generado preocupación e incertidumbre entre los empleados, incluiría no solo los salarios sino también el Bono del Servidor Público, destinado como adelanto para el Buen Fin.
Te podría interesar
Hasta el momento, no se ha proporcionado una cifra exacta del monto no depositado ni una explicación oficial de la Tesorería. Sin embargo, las fuentes sugieren que este impasse podría ser resultado de la intensificación de la pugna política entre el Gobernador García y miembros del PRIAN, agravada por la próxima salida de García para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia.
En un comunicado conjunto, los organismos afectados calificaron este hecho como un "acto sin precedentes" y lamentaron la situación y exigieron al Ejecutivo del Estado cumplir con el depósito correspondiente según lo establecido por la ley, advirtiendo que de no hacerlo, se verían obligados a realizar un paro indefinido de labores y tomar otras acciones que podrían afectar a los ciudadanos de Nuevo León.
"Lamentamos informar que, por razones ajenas a nuestra institución y por el incumplimiento en la entrega de recursos económicos del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, no ha podido realizarse el pago correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre del 2023", se lee en el comunicado.
A pesar de que Samuel García ya registró su precandidatura a la Presidencia, su licencia no entra en vigor hasta el 1 de diciembre, y la designación del Gobernador Interino es un punto de conflicto con el Congreso, aumentando la tensión en el estado. Hasta ahora, el Tesorero estatal no ha ofrecido una versión oficial sobre la falta de pago. La incertidumbre persiste entre los empleados, mientras la situación política y laboral se desarrolla.
Problemas en el Poder Judicial
El Poder Judicial del Estado ha experimentado semanas de agitación desde el pasado mes de octubre, cuando cientos de trabajadores se manifestaron en contra de la desaparición de 15 fideicomisos judiciales. La medida, impulsada por el llamado del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, coincidió con protestas similares en distintos puntos del país.
Lo que comenzó como una expresión de descontento evolucionó rápidamente en marchas que partieron desde la Macroplaza y recorrieron diversas calles del centro de Monterrey. Estas movilizaciones no solo expresaron la oposición de los empleados del Poder Judicial ante la desaparición de los fideicomisos, sino que también generaron complicaciones viales y el cierre de algunos puntos, obligando a los conductores a buscar rutas alternas.
La situación actual en el Poder Judicial del Estado sigue siendo incierta, y la incógnita persiste sobre si los empleados planean llevar a cabo nuevas manifestaciones en reclamo de sus derechos. La reciente historia de protestas ha dejado una marca de tensión en la institución, y la comunidad está a la espera de cómo evolucionarán estos eventos en el futuro cercano.