Tras una audiencia que se extendió por 14 horas, una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso de la planta de Agronitrogenados.
Vinculan a proceso a Gilda Lozoya por lavado de dinero
Tras conocer la resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el cambio de medidas cautelares para imponerle la prisión preventiva justificada. Sin embargo, será el próximo jueves cuando Nora Ileana García Peralta, jueza de control con residencia en el Reclusorio Norte, determine si la hermana de Emilio Lozoya enfrenta el proceso penal en libertad o en prisión.
Durante la diligencia, el abogado Alejandro Rojas Pruneda calificó como una vulgaridad la urgencia de las autoridades para meter a la cárcel a su cliente; incluso, comentó: “no requiero ser La Paca, para castigarla por ser la hermana de Emilio Lozoya”.
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“Sí nos llama poderosamente la atención esa urgencia, esa necesidad por parte de la Fiscalía y del gobierno, porque ahí está también la UIF y también se encuentra Pemex, abiertamente lo digo, tienen una urgencia de meter a la cárcel a mi representada. No me parece que sea ni correcto ni pulcro, hasta querían violar la ley para meterla a la cárcel en pleno procedimiento”.
En entrevista a su salida del Centro de Justicia Penal Federal, el litigante denunció que en este caso hay una presión por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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“Nos llamó la atención que en este periodo hubo varias manifestaciones respecto del caso de mi representada por la máxima autoridad de este país, nos llamó mucho atención que dos veces se pronunciará en este caso, la máxima autoridad”
—¿Está hablando de la presidente de la República?, se le preguntó.
—Sí, por su puesto, la presidenta de la República, respondió y agregó “a quien tenemos respeto y respetamos la investidura, pero sí nos llamó mucha atención que con tantas ocupaciones y preocupaciones que tienen en este país, le ha dedicado tanto tiempo a este caso que, entendería que es uno de los tantos casos que maneja la Fiscalía General de la República, o así quisiera pensar que no es un tema de encargos si no es un tema como uno más”.
Asimismo, Rojas Pruneda confió en que la jueza García Peralta no se dejará doblar como ha sucedido con los otros jugadores que han conocido de este caso.
“Yo quisiera pensar que la jueza va a tener el aplomo para resolver conforme a derecho. Sí me doy cuenta que hay una gran presión hacia ella, y es algo que no solamente ha sido privativo hacia ella, ha sido privativo para todos y cada uno de los jueces que conocen los asuntos de Lozoya. Y, desafortunadamente, a lo mejor está mal que lo diga, pero prácticamente a todos los terminan doblando por tantas presiones que tienen desde la esfera del poder”.
En la audiencia, la jueza de control determinó que los datos de prueba presentados por la FGR hacen presumir que Gilda Lozoya formó parte de un esquema para que su hermano Emilio se viera beneficiado con el pago de un favor por parte del ex presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, por 3.4 millones de dólares, recursos que sirvieron para adquirir una residencia en la colonia Lomas de Bezares.
Tras dictar la vinculación a proceso, la impartidora de justicia otorgó cuarto meses para la investigación complementaria, plazo que vence el próximo 9 de noviembre.
De acuerdo con la FGR, Gilda Lozoya recibió en 2012, 3 millones 400 mil dólares para que en 2013 Emilio Lozoya, como director de Pemex, asegurara la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.
Los recursos los recibió en una cuenta de la firma Tocho Holdings Limited en Ginebra, Suiza, para después triangular el dinero de vuelta a México al adquirir la residencia.
