Familiares de presos entregados al gobierno de los Estados Unidos presentaron una denuncia de carácter penal en contra de integrantes del Consejo de Seguridad Nacional por violar la Constitución y diversas leyes como la de Amparo.
En conferencia de prensa, abogados y familiares de tres de los presos transferidos en 2025 y 2026 a la Unión Americana, aseguraron que autoridades del Gobierno de México violaron no sólo la Carta Magna sino también la convencionalidad de los Derechos Humanos y las leyes penales de nuestro país.
Vanessa Guzmán, esposa de Juan Pedro S.F. ex miembro de la organización criminal de Los Zetas, identificado como el Zeta 27, aseguró que este día se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República y está dirigida a su titular Ernestina Godoy Ramos.
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“Se está presentando una denuncia en contra del Consejo de Seguridad Nacional por los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos. Debido a que Se desterró al señor Juan Pedro Saldivar Farías. Es la figura jurídica que se encuadra a los hechos. no puede ser extradición porque no había una petición formal, no se hizo ese procedimiento.
No fue una expulsión, porque tampoco encura ese esa situación jurídica debido a que él no es extranjero”, apuntó.
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Pablo Edwin H.N. alias El Flaquito, operador de la organización delictiva Los Arellano Félix fue entregado en agosto de 2025 e Itiel Palacios G. alias El Compa Playa,
Ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación, fue entregado en febrero de 2025 a los Estados Unidos.
La abogada de ambos, Yarey Sánchez Lagunas, aseguró que no fue una entrega de prisioneros lo que hizo el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“No es una entrega es un destierro, pero a las cuatro personas que se les está mencionando en este momento se les aplicó una de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional del que es el destierro, es un castigo el que se les impuso fueron entregados a país extranjero, sin que se les garantizara más que no se les aplicaría la pena de muerte”, apuntó.
La defensa de ambos, explicó que existe una reserva de 25 años a los casos de entrega al gobierno estadunidense, por lo que no es posible conocer nada sobre los pormenores técnicos del llamado “destierro”.
El abogado Hugo Dionisio Guadalupe, aseguró que en la práctica no existe instrumento jurídico para vencer la resolución del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que hizo un llamado a los autoridades para dejar de violar sistemáticamente la Constitución de nuestro país.
Hicieron un llamado para que todas aquellas personas que hayan sido enviadas irregularmente a los Estados Unidos, aquellos con y sin procesos de extradición, se sumen a esta denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.
Añadieron que pedirán la creación de una comisión especial para investigar las flagrantes y evidentes violaciones que cometió el Consejo de Seguridad Nacional.