Tras el anuncio de las familias de las cinco víctimas del caso Narvarte que dieron por concluido el diálogo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) y su titular, Ernestina Godoy, la institución aclaró que seguirá abierta a escuchar y analizar las inquietudes de los deudos y aclaró que no existe encubrimiento de ningún servidor público en el presente caso.
En un mensaje a medios, Ulises Lara, vocero de la FGJ enumeró las acciones emprendidas en cumplimiento a la Recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Respecto al supuesto encubrimiento a un auxiliar del Ministerio Público, suegro de uno de los sentenciados, rechazó esa afirmación y aclaró que las investigaciones así lo demuestran y no está implicado en el multihomicidio.
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“Al referido servidor público se le citó como testigo hace siete meses, además de que se han buscado datos o indicios que pudieran establecer su participación o la de algún familiar en los hechos, por lo que detectives de la Policía de Investigación y elementos de la Guardia Nacional han realizado diversos actos de investigación, se han obtenido intervenciones periciales en materia de explanometría facial e identificación humana, así como información de diversas fuentes.
“Es imperativo señalar que en su momento, familiares y representantes de las víctimas, fueron informados sobre los resultados de dichas investigaciones y no externaron observaciones sobre el tema”, aclaró.
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Ulises Lara también dejó en claro que no se ha obviado la línea de Investigación “Veracruz”, en la que han insistido los familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y la activista Nadia Vera, por lo que se ha obtenido el apoyo de la Fiscalía de aquel estado.
“Gracias a la colaboración interinstitucional, esta Fiscalía General de Justicia obtuvo información de cerca de 280 personas, relacionadas con un grupo de Policía en el Estado de Veracruz, así como de altos funcionarios cercanos al ex gobernador de esa entidad.
“Con esa información, nuestra Policía de Investigación buscó exhaustivamente tratar de identificar cualquier tipo de vínculo que pudiera existir entre los sentenciados por el Caso Narvarte y las personas investigadas por la Fiscalía de Veracruz”, añadió.
Se analizaron otros expedientes de investigaciones realizadas por esa institución (FGJ Veracruz) contra mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, así como de algún posible nexo con empresas de altos funcionarios de Veracruz, las cuales posiblemente se utilizaban para lavado de dinero y otras actividades ilícitas, cuyo resultado se dará a conocer a las familias de las víctimas.
Ulises Lara puntualizó que la FGJ no ha sido negligente en su misión de encontrar justicia para las víctimas y conducirse de forma transparente.
Añadió que la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, ha sostenido diversas reuniones con familiares y representantes de las víctimas, además de que ha instruido dar seguimiento pormenorizado a la investigación, así como atender peticiones, observaciones y aportaciones que pudieran presentarse.
Por este caso, un juez penal dictó sentencia condenatoria a los autores materiales de las muertes: Abraham “N”, Daniel “N” y César Omar “N”.
Los tres responsables cumplen penas de prisión en el Centro de Alta Seguridad de Santa Marta Acatitla.
@amarilloalarcon