El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le negó el amparo al presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, quien buscaba que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara a un juez de control la cancelación de la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 4 millones 335 mil pesos.
Por unanimidad, el órgano jurisdiccional determinó que el fiscal encargado del caso no violó los derechos fundamentales del también llamado Rey del Outsourcing por el solo hecho de no haber accedido a su pretensión.
Los magistrados argumentaron que el fiscal no tiene la facultad de solicitar al juez la cancelación de la orden de aprehensión solo porque se lo pide el destinatario de esa orden, luego de que éste argumentó que presentó nuevos datos de prueba para desvirtuar la acusación en su contra.
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Indicaron que si el quejoso estima que dispone de datos de prueba para anular el mandamiento judicial, para eso está diseñada la audiencia a la que le están llamando, en donde tiene la oportunidad de aportar información para que el asunto ya no continúe.