Raúl Beyruti Sánchez deberá acudir al penal del Altiplano para comparecer físicamente en la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 4 millones 335 mil 705 pesos.
El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le negó la suspensión definitiva al llamado "Rey de Outsourcing", quien busca comparecer por videoconferencia para no ser privado de su libertad, toda vez que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.
El órgano jurisdiccional aprobó, por unanimidad, el proyecto del magistrado Juan José Olvera López, quien propuso confirmar la resolución del Juzgado Primero de Distrito de Tabasco, al argumentar que no hay una correspondencia entre la orden de aprehensión y los efectos de la suspensión, además de que no existen medios alternativos para cumplimentar un mandamiento de captura.
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“Si lo que se va a juzgar es si la orden es inconstitucional o no, podría paralizarse la orden y sus efectos en el mejor de los escenarios, aún con la apariencia del buen derecho, dar efectos restitutorios podría ser que, a esa orden de aprehensión, podría ser que se diga que no se ejecute definitivamente. Pero, no podría ser que se realice el objeto de la orden de aprehensión, que se realice de una manera diferente y alterna, incluso, en un escenario diferente al que lo prevé la ley como mecanismos de conducción al proceso, es decir, vía suspensión no se puede construir todo un andamiaje paralelo para que se cumpla el propósito de la orden misma”.
El 27 de septiembre del 2021, Daniel Ramírez Peña, juez de control con residencia en el penal del Altiplano, libró la orden de aprehensión en contra de Beyruti Sánchez por haberse declarado sustraído de la acción de la justicia, al no acudir a la audiencia por temor a ser recluido.
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En esa ocasión, el también presidente de GIN Group dijo estar dispuesto a participar en la diligencia; sin embargo, solicitó que su comparecencia se realizara por videoconferencia, debido a su precario estado de salud y enfermedades degenerativas.
Según la indagatoria de la FGR, Raúl Beyruti probablemente recibió más de 4 millones de pesos de cuatro empresas factureras por concepto de honorarios asimilados.
Los depósitos se realizaron entre el 2014 y el 2017, de compañías que fueron constituidas en San Luis Potosí, Quintana Roo y la Ciudad de México, entre los años 2008 y 2015.