La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) sostuvo que obtuvo elementos suficientes para presumir la existencia de una red de operaciones con recursos de origen ilícito, conocido como lavado de dinero, respecto al caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.
El vocero de la FGJ, Ulises Lara López, informó que en las investigaciones por este ilícito, se cuenta con nombres de implicados en una pirámide de complicidades que encabeza Sofía Soraya “N”, hermana de Christian “VR”, ex alcalde en Benito Juárez.
La sospechosa fue aprehendida en el estado de Querétaro, en febrero de este año, e investigada por el delito de asociación delictuosa.
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“Dicha persona fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Nicias René “N”, ex director de Obras de la alcaldía Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito".
“La representación social tiene identificadas a otras cinco personas probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero; de ellas, dos podrían ser familiares del ex director de Obras (Nicias René) de la alcaldía Benito Juárez”, precisó.
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En dicha red, dijo, habrían participado testaferros y empresas fachada que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen.
Las siete personas encabezadas por Sofía Soraya “N”, Nicias René “N” y otras cinco, probablemente están relacionadas en esta red de lavado de dinero y habrían operado a través de tres empresas de distintos giros: una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones.
“Además de estas siete personas, y la referida en el pasado mensaje, a quien se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos, se tienen identificadas a otras cinco más que están en la base de la pirámide; testaferros cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles”.
La mayoría de esta red de lavado de dinero, son ex servidores públicos y familiares de dichos funcionarios, apuntó.
Aseguró que se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República, por tratarse de posibles delitos del orden federal.
@amarilloalarcon