Frente a prácticas discriminatorios como la xenofobia, la intolerancia y la no inclusión, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el órgano judicial está comprometido con la justicia indígena.
El jurista no descartó trabajar en favor de la traducción a sus lenguas de las resoluciones de los procesos en los que estén involucrados indígenas.
Subrayó que toda persona que desempeña un cargo público debe contar con una capacitación invariable y permanente, que le permita contar con la sensibilidad necesaria para no revictimizar a quienes han sufrido un delito y garantizar sus derechos humanos.
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“Romper el proceso de la vulneración y proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, una atención inmediata y eficaz que les revista de plena seguridad jurídica; sobre ello, expreso mi más profundo compromiso para lograrlo”, destacó.
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Recordó que el discurso institucional y de los múltiples colectivos que interactúan en la urbe capitalina levantan cada vez más la voz a favor de las víctimas de los delitos, además de que la inconformidad pública es un estandarte en cuya simbología se muestra rechazo ante actos atroces de abusos de poder en contra de esas mismas víctimas.
Reconoció la presentación de la Carta de Derechos de las Víctimas de la Fiscalía General de Justicia local, la cual se tradujo en lenguas indígenas habladas en la capital del país: mazateco, mixe, náhuatl, mixteco, otomí, triqui, tzotzil, zapoteco y mazahua.
Protocolo de Estambul
Por otra parte, el magistrado Guerra Álvarez puso en marcha el Taller de Actualización del Protocolo de Estambul, en la sede del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), dirigido a personal médico y psicológico de la institución, en donde recordó que el órgano judicial capitalino fue el primero en recibir los Principios Méndez, a través de la Asociación para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra, Suiza.
En el auditorio Miguel Gilbón Maitret, destacó que la observancia de tales principios ha sentado las bases para lograr entrevistas seguras, mediante un interrogatorio eficaz, tendentes a la recopilación de información, orientaciones sobre la práctica del interrogatorio, incluso para personas en situación de vulnerabilidad.
Guerra Álvarez puntualizó que la investigación de la tortura debe ser integral, a cargo del Estado y no de la víctima o su defensa.
Esto, a partir de reconocer cualquier indicio y teniendo siempre presente los dictámenes médico-psicológicos.