Viviana Salgado, quien estuvo presa en Santa Martha Acatitla, acusada por el delito de ataques a las vías de comunicación del Metro, exige la reparación del daño psicosocial y económico, así como una disculpa pública por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
La mujer que fue exhibida por la Fiscalía General de Justicia de la capitalina como posible “saboteadora” por supuestamente arrojar unas aspas de lavadora a las vías del Metro, aseguró a través de un comunicado que enfrenta secuelas familiares, económicas, sociales y de salud, por lo que pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, investigar el abuso y violación de sus garantías.
La afectada, quien a finales de enero quedó absuelta, sostuvo que el sobreseimiento de la acción penal, que pidió el Ministerio Público al Juez de Control, es muestra clara del abuso de autoridad y la falta de pruebas en su contra.
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Destacó que el papel de la Fiscalía fue más allá de una acusación y con elementos falsos pretendió dejarla en prisión para justificar los supuestos actos de sabotaje de que es objeto el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
No obstante, generó una violación al debido proceso, que debe ser motivo de una profunda investigación por la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo por su calidad de mujer vulnerable, al carecer de recursos y de conocimiento para establecer una debida defensa.
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El jurista Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de Viviana Salgado, destacó que el Poder Judicial mostró sensibilidad y aceptó el desistimiento de la Fiscalía que pretendió, en un inicio, ir a un proceso penal, sin las pruebas necesarias para imputar a la señora Viviana Salgado, lo cual es abuso excesivo de funciones desde la titular de la institución, Ernestina Godoy, hasta los ministerios públicos, que armaron la carpeta de investigación y los que hicieron la presentación ante el Poder Judicial.
“Una vez más la Fiscalía de Ernestina Godoy criminalizó la pobreza y a pesar de la inexistencia de pruebas motivó a que un juez de Control la vinculara a proceso sin sustento. Lo anterior es equiparable al sistema inquisidor, en el que primero se detenía a la persona y posteriormente se investigaba si era culpable".
Además, eso demuestra que la titular de la institución, Ernestina Godoy, lanza acusaciones sin sustento, puesto que la mujer perdió su empleo, es motivo de estigma social y sus dos hijos fueron despedidos de su trabajo, lo cual dificulta aún más su situación familiar.
El penalista pidió a Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, asumir su función de proteger a las mujeres y a las víctimas del abuso del poder y no encubrir por cuestiones ideológicas o políticas a quienes ejercen esa violencia so pretexto de aplicar la ley.
Lamentó las declaraciones del director general del Metro, Guillermo Calderón, al acusarla de saboteadora.
Al no existir evidencia de la supuesta intención de causar un daño a la infraestructura del Metro quedó en absoluta libertad.