La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) obtuvo mayores datos de prueba que implican a dos ex servidores públicos investigados de la alcaldía Benito Juárez, por el delito enriquecimiento ilícito derivado de posibles actos de corrupción con empresas de bienes raíces.
A estas indagatorias se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los ex servidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento, informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina.
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En un mensaje a medios de comunicación, señaló que se obtuvo información útil para la investigación, derivado del aseguramiento de equipo de cómputo en los cateos efectuados en 42 inmuebles, posiblemente relacionados con Luis “V” y Nicias René “A”, ex director jurídico y de gobierno, así como ex director general de Obras y Desarrollo Urbano, ambos de la alcaldía Benito Juárez.
“Cabe señalar que el avance con el que cuenta la indagatoria también ha sido posible gracias a las denuncias y a la información que han proporcionado la gran cantidad de vecinas y vecinos que han sido afectados por las prácticas en las que probablemente incurrió este grupo de empresarios y ex servidores públicos”, puntualizó.
Dijo que conforme avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación.
“Tan es así, que se se puso al descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y ex funcionarios de la Alcaldía”, mencionó Lara López.
El funcionario sostuvo que se han detectado distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses.
Esto, dijo, los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas carpetas de investigación.
Añadió que en estos inmuebles del común denominador es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos, tanto para ser construidos como para ser habitados.
Por esa razón, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, dirigió Recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las Delegaciones respecto a inmuebles ya construidos.
En su informe, la PAOT asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción.
Entre los resolutivos se recomendó al entonces Jefe Delegacional iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de los inmuebles investigados, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra del Director Responsable de Obra y/o servidores públicos involucrados, sin que esto hubiese ocurrido hasta el momento.
Por ejemplo, en la calle de José María Ibarragán, San José Insurgentes, el programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro niveles, entre otros varios inmuebles.
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