Cuando Marco Antonio “N” pensaba que ya había librado la justicia, vino un revés judicial y fue reaprehendido y sentenciado a 520 años de cárcel por su implicación en el caso Bar Heaven, del que 13 jóvenes fueron sustraídos y asesinados en un rancho en Tlalmanalco, Estado de México.
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia capitalina (TSJ) revocaron la sentencia absolutoria que había impuesto un juez de primera instancia, por apelación del Ministerio Público.
Ulises Lara, vocero de la FGJ informó que agentes de investigación lo reaprehendieron con base en una orden judicial, por lo que regresó nuevamente a la cárcel.
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“Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza, por agentes de la Policía de Investigación para que, de manera inmediata, fuera reingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a fin de cumplir con la penalidad referida”, puntualizó.
Las investigaciones acreditaron que el ahora responsable, participó en mayo de 2013 en el secuestro, desaparición y asesinato de las 13 víctimas, por miembros de la organización delictiva La Unión de Insurgentes, cuyo líder Joel Javier Rodríguez Fuentes, “El Javis”, enfrenta una sentencia similar en un penal federal de máxima seguridad.
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Algunas de las víctimas eran vecinos del Barrio de Tepito y fueron confundidos y relacionados sin sustento con el homicidio de un dealer de La Unión de Insurgentes, identificado como Horacio Vite Ángel, alias El Chaparro, a unos metros del Bar Black, en la colonia Condesa.
El homicidio de El Chaparro -quien según la indagatoria invadió territorio controlado por La Unión Tepito-, desató una venganza contra personas del barrio de Tepito, por lo que 13 jóvenes fueron secuestrados la madrugada del domingo 26 de mayo del 2013 cuando convivían en el bar Heaven, ubicado en la Zona Rosa.
Los cadáveres de las víctimas -siete hombres, cinco mujeres y una adolescente- fueron hallados tres meses después en el Rancho La Negra, municipio de Tlalmanalco, Estado de México.
Dicha finca, la perdió el gobierno de la CDMX por una apelación presentada por la propietaria en segunda instancia judicial a la determinación que tomó el juez civil que conoció del caso por extinción de dominio.