El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le concedió el amparo a Rosario Robles Berlanga contra la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública.
El órgano jurisdiccional ordenó a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejar insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita una nueva en la que declare la nulidad de la resolución impugnada y ordene a la autoridad demandada emitir una nueva, en la que determine, con plenitud de jurisdicción, la sanción correspondiente por la falta administrativa cometida por Robles Berlanga, quien dio conocer en sus redes sociales el fallo del tribunal.
“El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública, violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años, lo anterior, por presuntamente no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de 2 mil pesos que jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco”.
La ex secretaria de Desarrollo Social afirmó que la saña de la que es víctima se está topando con el muro de la justicia.
“Toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia, un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”.
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Por mayoría de votos de la magistrada Silvia Cerón Fernández y del magistrado Jorge Ojeda Velázquez, el tribunal precisó que el amparo no conlleva a que la infracción cometida por la ex jefa de gobierno quede impune, ya que, se actualizó una violación al artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En su resolución, los magistrados puntualizaron que la conducta irregular debe ser sancionada, debido a que la finalidad de la ley de la materia es hacer frente a la corrupción existente en el ejercicio de la función pública, a través del establecimiento de controles y sanciones encaminados a asegurar la transparencia a la gestión pública federal, así como para prevenir y castigar la comisión de conductas irregulares.