Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron este viernes 10 de julio una orden de aprehensión contra Alejandro Álvarez Puga en Quintana Roo. El empresario es señalado por su probable participación en el delito de defraudación fiscal relacionado con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
La diligencia, ejecutada en coordinación con la Secretaría de Marina, tuvo lugar en el municipio de Benito Juárez. Tras su captura, fue trasladado bajo estrictos protocolos hacia la Ciudad de México para quedar a disposición del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, donde un juez determinará su situación jurídica en las próximas horas.
El vínculo con la red de desvío millonario
Las autoridades federales aclararon que este proceso judicial es independiente a la investigación que enfrenta su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga. Alejandro es identificado como una figura esencial en una compleja maquinaria financiera que presuntamente trianguló más de 2 mil 950 millones de pesos a través de contratos federales otorgados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para el equipamiento de penales federales.
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La investigación detalla un esquema de triangulación mediante empresas fachada que operaban bajo el modelo de outsourcing ilegal y facturación falsa. A través de al menos mil 446 operaciones bancarias simuladas, la red dispersaba recursos públicos que terminaban financiando un estilo de vida de opulencia para los implicados, incluyendo el entorno cercano de la conductora Inés Gómez Mont.
Antecedentes de una red bajo la lupa
Mucho antes de que el nombre de esta familia apareciera en los expedientes de la Interpol, los hermanos Álvarez Puga consolidaron su imperio mediante una firma de asesoría fiscal. Sin embargo, las sospechas crecieron al descubrir que dicho modelo corporativo ocultaba una estructura dedicada al lavado de dinero y defraudación masiva que evadía los controles del fisco federal.
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Mientras Víctor Manuel Álvarez Puga mantiene un proceso legal en Estados Unidos para evitar su deportación, la situación del detenido en el Reclusorio Sur marca un avance significativo en la estrategia de la FGR contra la familia Alejandro Álvarez Puga.