Víctor Álvarez Puga, el conocido empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, sigue siendo el centro de una intensa batalla legal. A pesar de enfrentar graves acusaciones por el presunto desvío de más de 2,950 millones de pesos (MDP) mediante un complejo esquema de empresas factureras durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su entrega a las autoridades mexicanas se mantiene frenada.
Aunque un juez migratorio ordenó un proceso de deportación en octubre de 2025 y la Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la solicitud de extradición, la detención provisional fue negada por la vía judicial el 4 de diciembre de 2025. El motivo principal radica en que el delito de delincuencia organizada con fines de defraudación fiscal no cumple con los criterios de alta peligrosidad o violencia requeridos por las leyes estadounidenses para proceder de manera inmediata.
El tratado bilateral y las trabas en la extradición de Víctor Álvarez Puga
Este polémico caso se enmarca en una problemática estructural más amplia entre México y Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa presidencial, el canciller Roberto Velasco reveló cifras alarmantes: desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026, México ha emitido un total de 269 solicitudes de extradición hacia el país vecino, y hasta la fecha, ninguna ha concluido con una entrega. De esta cifra, 36 peticiones ya fueron negadas de forma definitiva y 233 permanecen pendientes en el sistema judicial norteamericano.
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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló la composición de estos expedientes rezagados:
- 183 corresponden a solicitudes formales de extradición en trámite.
- 50 son solicitudes de detención provisional activas.
- En 47 de esos 50 casos de detención, las autoridades de EE. UU. han exigido documentación complementaria.
El canciller mexicano defendió la postura del gobierno de solicitar reciprocidad e información adicional en los procesos que Washington promueve contra ciudadanos mexicanos, mencionando de manera abierta el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos vinculados al narcotráfico. Según los lineamientos de la SRE, pedir pruebas de respaldo es una práctica legal y habitual contemplada en el tratado bilateral vigente, lo que explica los retrasos en resolver la situación jurídica de Víctor Álvarez Puga.