En el marco de su encuentro informativo del pasado 6 de julio, el gobernador Alejandro Armenta, detalló que asumió el costo total de las infracciones acumuladas por la unidad que utiliza para sus traslados.
Aunque el mandatario deslindó su responsabilidad directa al señalar que él no operaba el volante al momento de las faltas, determinó sufragar el adeudo para enviar un mensaje de rectitud: ningún funcionario goza de privilegios ni de esquemas para perdonar infracciones de tránsito.
Además de sanear el adeudo, Armenta notificó que giró instrucciones a su equipo cercano para auditar las prácticas de quienes tienen bajo su resguardo los automóviles del gobierno. Esta acción busca erradicar conductas imprudentes que derivan en fotomultas y garantizar que el uso de los recursos oficiales se apegue estrictamente al reglamento vial vigente.
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"El objetivo es dejar claro que una unidad oficial no representa una excepción frente a las obligaciones de tránsito", reiteró el ejecutivo estatal.
¿Qué riesgos implican las fotomultas para los vehículos?
El sistema de fotomultas utiliza dispositivos electrónicos para capturar faltas como exceder la velocidad, permitiendo la generación de una sanción sin la intervención de un agente de tránsito. Es importante recordar que estos cargos quedan adheridos a la placa del vehículo, lo cual puede generar complicaciones administrativas serias:
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- Restricciones: En ciudades como la CDMX, los adeudos por fotomultas impiden completar trámites indispensables, entre ellos, la verificación vehicular.
- Costo económico: Las multas se determinan según la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para este 2026, fijada en 117.31 pesos, una sanción máxima de 60 UMA por invadir zonas restringidas, como ciclovías, alcanza los 7 mil 038.60 pesos.
Controversia en torno a la Alerta de Violencia de Género
La postura del mandatario sobre el pago de multas ocurrió en un escenario de tensión política por su propuesta de retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad. Armenta sostiene que, basándose en la posición actual de Puebla en las estadísticas nacionales, el mecanismo podría ser innecesario.
No obstante, instituciones como el OCNF y el IDHIE han cuestionado duramente este planteamiento:
- Rezago en metas: De las 45 acciones preventivas mandatadas en 2019, solamente cuatro han llegado a su conclusión.
- Realidad violenta: En el periodo que abarca de enero a mayo del presente año, el estado contabilizó 38 asesinatos violentos de mujeres.
- Criterios de retiro: Expertos enfatizan que dar de baja la alerta exige demostrar progresos sólidos en la procuración de justicia y protección, elementos que, a su juicio, aún son deficientes en el estado.
La decisión de Alejandro Armenta de cubrir estas infracciones busca mitigar el desgaste político ante la opinión pública, tratando de separar su imagen personal de las deficiencias administrativas en el manejo de vehículos oficiales.