El gobierno municipal de Tijuana formalizó una alianza estratégica con el sector empresarial para blindar las actividades comerciales, de servicios y turísticas de la región. El alcalde Ismael Burgueño Ruiz explicó que este pacto tiene como prioridad salvaguardar la integridad de quienes generan empleo y frenar las afectaciones económicas provocadas por los grupos delictivos dedicados a la extorsión de negocios familiares y grandes comercios.
¿En qué consiste el plan contra la extorsión comercial en Tijuana?
Para lograr mitigar la incidencia de este delito, la estrategia conjunta contempla la aplicación de los siguientes componentes operativos y de prevención:
Te podría interesar
- Denuncia protegida: Implementación de mecanismos eficaces de denuncia anónima para los comerciantes afectados.
- Acompañamiento institucional: Certeza jurídica y vinculación directa entre las autoridades de seguridad y los empresarios.
- Coordinación de los tres niveles: Trabajo articulado entre instancias municipales, estatales y federales en apego a la estrategia nacional de seguridad.
"Estamos ante un momento de gran trascendencia para nuestro municipio, uno que marcará el rumbo de la ciudad que queremos ser, una donde el crecimiento económico venga acompañado de bienestar y justicia social", puntualizó el primer edil.
¿Por qué la CONCANACO SERVYTUR inició este pacto nacional en la frontera?
La dirigencia de la CONCANACO SERVYTUR y el gobierno local determinaron que la ciudad fronteriza fuera elegida como el punto de arranque oficial de esta iniciativa nacional debido a su dinámica económica, comercial y de servicios, la cual la posiciona como una de las zonas más activas de la República Mexicana.
Te podría interesar
El presidente municipal afirmó que la seguridad pública y el desarrollo económico representan temas inseparables para el éxito de la región. En ese sentido, reiteró que la coordinación permanente entre las corporaciones de seguridad del Estado y el sector productivo resultará fundamental para robustecer la confianza de los inversionistas, proteger el capital privado y consolidar a Tijuana como el referente principal de una política pública diseñada para cerrar los espacios operativos a la delincuencia organizada.