Durante el coloquio “Desplazamientos, Trabajo y Cultura en Contextos de Violencia y Precariedad”, los investigadores Gabriela Merino Lara y Luis Jesús Martínez Gómez advirtieron que el desplazamiento forzado en Chiapas es una estrategia sistemática de despojo territorial, alimentada por la violencia, la impunidad y la paralegalidad.
Según señalaron desde el Colegio de la Frontera Norte, entre 2020 y 2021 se registraron casi 29 mil personas desplazadas en México, especialmente en estados como Michoacán, Zacatecas y Chiapas. En este último, la violencia afecta principalmente a pueblos originarios, quienes enfrentan conflictos por tierras, presencia de grupos paramilitares y crimen organizado.
La ONU documenta que el desplazamiento en Chiapas tiene antecedentes desde los años 50, vinculados a conflictos religiosos y megaproyectos como hidroeléctricas. Sin embargo, desde 2018 se ha intensificado la violencia en zonas como la selva lacandona y la frontera con Guatemala, donde se disputa el control territorial entre cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
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En comunidades como Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, grupos criminales han sometido a la población, utilizando tácticas que combinan violencia extrema, control civil y religioso. Además, han intentado incidir en procesos electorales locales. Según los investigadores, estos actores operan tanto desde la ilegalidad —con desplazamientos, amenazas y homicidios— como desde la legalidad, en complicidad con autoridades que facilitan encarcelamientos y siembra de delitos.
El desplazamiento, concluyeron, es una herramienta eficaz de despojo que no solo surge desde la violencia criminal, sino también desde estructuras del Estado a través del paramilitarismo y la negligencia institucional.