La administración del agua en México es un tema central para el país, especialmente ante la creciente escasez y los conflictos por su uso. Aunque la Constitución reconoce al agua como propiedad de la Nación, su manejo está regulado por un marco legal que incluye el Artículo 27, el Artículo 4 y la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992.
Estos instrumentos definen quién puede usar el agua, cómo se reparte y qué obligaciones tiene el Estado para garantizar el acceso al líquido. Aquí te explicamos 10 puntos fundamentales de la Ley de Aguas y del modelo actual.
¿Cuáles son los puntos clave para entender la Ley de Aguas en México?
1. El agua pertenece a la Nación
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La Constitución, en su Artículo 27, establece que todas las aguas superficiales y subterráneas del país son propiedad de la Nación. No pueden ser privatizadas ni vendidas, solo administradas por el Estado.
2. CONAGUA es la autoridad responsable
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La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) actúa como la institución encargada de administrar, vigilar y regular el uso del agua. Es la autoridad que emite permisos, cuida las fuentes y supervisa el cumplimiento de la ley.
3. Las concesiones son la base del sistema
La Ley de Aguas Nacionales funciona a partir de concesiones. Estos permisos temporales permiten que empresas, industrias o agricultores usen cierta cantidad de agua de ríos, lagos o mantos subterráneos.
4. El problema del modelo de 1992
La ley actual fue creada con una visión orientada al mercado. Especialistas han señalado que, en ocasiones, el sistema favorece a empresas e industrias antes que a comunidades que dependen del suministro público.
5. El derecho humano al agua es obligatorio
Desde 2012, el Artículo 4 reconoce que todas las personas deben tener acceso al agua suficiente, salubre, de calidad aceptable y asequible. El Estado está obligado a garantizarlo.
6. La agricultura consume la mayor parte
Datos oficiales señalan que el 76 por ciento del agua en México se utiliza en el riego agrícola. El abastecimiento público representa el 14 por ciento y la industria, junto con la energía, el 10 por ciento.
7. “El que contamina, paga”
El marco legal establece que cualquier persona o empresa que contamine ríos o cuerpos de agua está obligada a pagar multas y reparar el daño. Sin embargo, la falta de supervisión hace difícil aplicar esta norma en todos los casos.
8. La urgencia de una nueva legislación
Aunque la Constitución reconoce el derecho humano al agua, la Ley de Aguas Nacionales sigue basada en un modelo de concesiones. Esto ha generado la exigencia de una Ley General de Aguas que priorice primero el consumo humano antes que el uso industrial o extractivo.
9. Falta regulación para garantizar equidad
Organizaciones ciudadanas y académicas han señalado que el actual sistema no asegura una distribución justa. Sin una ley actualizada, las comunidades siguen dependiendo de decisiones discrecionales y disponibilidad.
10. ¿Qué pasa cuando una colonia se queda sin agua?
En teoría, el Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso al agua potable. Cuando una zona no recibe suministro, las autoridades locales deben activar mecanismos alternos, como pipas o distribución emergente, y no pueden cobrar tarifas por un servicio no prestado.
Ley de Aguas: especialistas piden una reforma que frene la sobreexplotación
La discusión pública sobre el recurso hídrico continúa creciendo, y cada vez más voces exigen una transformación profunda del marco legal.
Especialistas coinciden en que una nueva Ley de Aguas debe garantizar que el derecho humano al agua sea el eje central de la política hídrica, fortaleciendo la vigilancia para evitar la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua.