Un juez de Control y Oralidad de Puente Grande declaró legal la detención de las 40 personas arrestadas, tras los disturbios que se registraron después de la marcha de la Generación Z en Guadalajara.
Pese a los argumentos de las familias y sus abogados, a todas se les imputó el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Además, a siete personas se les agregaron cargos adicionales: tres, daño en las cosas; a cuatro, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.
La audiencia continuará mañana a las 9 de la mañana, y se determinará si se les vincula o no a proceso; por lo pronto, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, reconoció que observó uso inadecuado de la fuerza por parte de algunos elementos y aseguró haber tomado nota.
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Anunció que la Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación y que se están analizando los videos del Escudo Urbano para determinar la responsabilidad de los policías.
Sin embargo, sostuvo que todas las personas imputadas tienen algún grado de responsabilidad, que va desde impedir detenciones hasta incendiar puertas y participar en saqueos.
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Detalló que 20 personas habrían obstruido las labores de la policía y que siete mostraron una conducta que calificó como “peligrosa”; sin arraigo, al provenir de la Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán.
Respecto a los 16 lesionados, informó que tres policías ya fueron dados de alta. En cuanto a los detenidos, señaló que algunas quemaduras que presentan fueron producto de “acciones propias”, mientras que otros se lastimaron al lanzar piedras, en caídas o durante maniobras de control.