El asesinato de líderes agropecuarios como Bernardo Bravo, quien denunciaba la extorsión a productores de limón en Michoacán expuso el profundo control que ejercen los grupos criminales en la región donde el "derecho de piso" es cobrado con violencia y se convierte en una "inflación inducida" que pagan todos los consumidores.
En entrevista para MVS Noticias, David Saucedo, consultor en seguridad, compartió un análisis sobre la estructura criminal que opera en completa impunidad contra este sector desde hace muchos años, ya que instituciones como la Sedena saben de su existencia.
Según el experto, en Michoacán operan múltiples grupos criminales surgidos de la extinta Familia Michoacana, desarticulada durante el gobierno de Felipe Calderón. Entre ellos destacan Los Viagras, Los Blancos de Troya y Cárteles Unidos, que inicialmente se formaron como grupos de autodefensa, pero con el tiempo evolucionaron en organizaciones que extorsionan y controlan a productores agropecuarios.
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El precio de la extorsión en Michoacán
La extorsión a productores de limón y aguacate se ha vuelto generalizada, ya que, según Saucedo, los cárteles ejercen un control total sobre la cadena de producción, incluso determinando los días de corte y cosecha.
El cobro se realiza a través de intermediarios enviados por los cárteles, quienes imponen cuotas obligatorias: "El precio del limón, según la temporada, oscila entre tres y cinco pesos en las zonas productoras, pero los grupos criminales cobran entre uno y tres pesos a los productores para poder vender su producto."
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Esta situación provoca una distorsión de mercado, donde los consumidores finales terminan pagando más debido a una inflación inducida por la actividad criminal.
Productores de Michoacán sobreviven entre impunidad y amenazas
El consultor fue enfático al señalar que la persistencia de la extorsión se debe al alto nivel de impunidad en la región. Según su análisis, los grupos criminales operan bajo una red de apoyo político que ignora las denuncias de los ciudadanos.
"Lo que ha faltado por parte del gobierno federal es no solo combatir a los grupos criminales, sino también a los políticos, alcaldes, senadores, legisladores, jefes policíacos, jefes militares, que respaldan a la actividad delictiva."
El caso de Bernardo Bravo, es el ejemplo más trágico de esta omisión. El crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una "amenaza sistemática", pues su familia ya había sido víctima de violencia en el pasado, incluyendo el asesinato de su padre.
Para concluir, David Saucedo enfatizó que, para enfrentar esta problemática, es indispensable implementar una intervención integral que desarticule completamente estas redes de complicidad.