“Con dinero público y medidas insuficientes, el comisionado del Instituto Nacional de Migración” ,a quien presentan como, “Francisco G. Y.”, elude su responsabilidad por el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez; “el costo fue de más de 230 millones de pesos del erario y cero justicia”, recriminan las agrupaciones Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Derechos Humanos Integrales en Acción y Asylum Access México que acusan “impunidad y simulación” en el caso.
Esta resolución “confirma cómo la impunidad persiste y la justicia sigue selectiva. Desde que la audiencia fue adelantada dos meses ya se anticipaba que el Comisionado obtendría la suspensión para mantenerse en el cargo… frente a la simulación e impunidad se solicitó al juez se le impusieran diversas medidas durante el tiempo que durará la suspensión del proceso (un año y seis meses): suspensión del cargo durante tres años; prestar algún servicio social a favor de la sociedad durante esa temporalidad y sin remuneración alguna; someterse a la vigilancia que determine el juez de control; abstenerse de viajar al extranjero; e inhabilitación o destitución del ejercicio del servicio público, actual y futuro”, apuntan Asylum Access México, la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
No obstante, agregan las agrupaciones humanitarias, el juez solo dispuso: “garantizar que todas las víctimas estén informadas que cuentan con la atención médica y psicológica del IMSS, —a sabiendas que ninguna reside en México—; el plazo de un mes para otorgar una disculpa pública que deberá realizarse en coordinación con las víctimas y sus asesores jurídicos; durante un período de seis meses (el comisionado) deberá tomar cursos en derechos humanos y protección civil; y una vez cada tres meses deberá realizar una visita a los ‘centros de detención migratoria’ a fin de verificar con protección civil que se encuentra garantizada la seguridad de las personas detenidas, emitiendo un informe trimestral al juez de control”.
“Estas medidas son insuficientes tomando en cuenta que, cumplido el año y seis meses de la suspensión de su proceso otorgada por el juez Manlio Hernández, podría acordarse el cierre del mismo, es decir, podría obtener una resolución con el mismo efecto de una sentencia absolutoria. También pareciera una burla que se contemple cursos de derechos humanos cuando el Comisionado dice contar con una maestría en el tema, misma que fue realizada en la ciudad donde ocurrió la tragedia”, añaden los grupos defensores.
“Como representantes de 17 víctimas, sobrevivientes y familias de los migrantes fallecidos, interpusimos un recurso de apelación”, agregan Asylum Access México, la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción y el Instituto para las Mujeres en la Migración que exhortan a la presidenta Claudia Sheinbaum “a no dejar que la impunidad gane… Francisco G.Y. es estandarte de impunidad y no debe seguir al frente del INM”.
Los grupos recapitulan que en audiencia del pasado 24 de enero, “el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco G. Y., obtuvo la suspensión condicional de su proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, luego de solicitarlo por tercera ocasión. Esta suspensión es un ejemplo más de impunidad que se gesta en el Estado mexicano a favor de un funcionario público de alto rango que, además, nunca fue retirado de su cargo”, agregan las agrupaciones humanitarias.
“Tras el incendio, el Comisionado fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, lo que le permitió solicitar la suspensión condicional del proceso. Aunque Francisco G.Y. es el titular de más alto rango y responsabilidad dentro de la dependencia, no se le imputaron delitos por homicidio, lesiones o daño en propiedad ajena, a diferencia de los otros 10 implicados, algunos de ellos se encuentran presos”, detallan.
En septiembre de 2023, “Francisco G. Y., intentó por primera vez que se le concediera la suspensión condicional de su proceso y ofreció pagar de su bolsa casi 500 mil pesos por los daños al inmueble. En ningún momento se refirió a las víctimas o a sus familias. La solicitud fue rechazada por el juez”, detallan.
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En su último y tercer intento de suspender su proceso, “el Comisionado argumentó que había cumplido con la reparación integral del daño, lo que no es verdad, pues en realidad hacía referencia a la compensación económica que entregó el INM a las víctimas, con dinero del erario público, no de Francisco G.Y., en cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023 por graves violaciones a los derechos humanos; es decir, no fue una compensación derivada del delito que se le imputó. Finalmente, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón le concedió la suspensión del proceso, permitiéndole no sólo eludir su responsabilidad, sino hacerlo también con dinero público”, subrayan.