El crimen organizado mantiene a las poblaciones de la frontera de Chiapas en una “aguda crisis humanitaria” provocada por la toma de los territorios y el despliegue de recursos con características de conflicto armado que incluyen fuego permanente, explosivos, asesinatos ejemplares y economía del conflicto que ha provocado el desplazamiento de más de 10 mil habitantes, tres mil de estos en lo que va de 2024, señaló Carlos Ogaz, integrante de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género.
De manera conjunta con el Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, presentaron el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” en la región frontera de Chiapas.
Carlos Ogaz explicó que las poblaciones afectadas por la presencia y disputa del crimen organizado han sido sometidas al miedo constante por las ejecuciones, ataques armados y reclutamiento forzado principalmente de la población joven; hay localidades que han sido tomadas como rehenes y son utilizadas para movilizarse y tratar de crear la imagen de que los grupos delincuenciales son bien recibidos.
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Además, las comunidades son sometidas a vigilancia permanente por comandos de grupos armados y quienes se atreven a desafiarlos, son asesinados, de manera “ejemplar“ y no hay autoridades ni federales, ni locales que intervengan para resolver esta situación, lo que implica, que se encuentran en una “aguda crisis humanitaria”, abundó.
También se implementado una estrategia económica del crimen, lo que se denomina “economía del conflicto” que incluye la extorsión, el cobro de piso, los secuestros, el control de los precios de productos agrícolas, alimenticios, y de necesidades básicas, entre otros, además de la implementación de violencia física y castigos ejemplares para quienes no entregan los recursos que se les exigen, por ello, las familias están perdiendo sus medios de sustento.
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Por su parte, Sandra Suaste de la Red TDT explico que en medio de esta “aguda sensación de inseguridad y miedo permanente, instaurado por estas organizaciones, el Estado mexicano no ha podido garantizar la gobernabilidad en estas zonas, incluso cuando por alguna razón se suspenden clases o actividades del orden común ante los enfrentamientos y balaceras, la población es amenazada para que se restablezca la actividad y normalicen la violencia”.
Por su parte Santiago Aguirre representante del Centro Prodh señaló que las fuerzas federales, incluyendo a la Guardia Nacional y el Ejército están presentes en las zonas pero no actúan, ya que están dedicados a controlar la migración y no garantizar la seguridad de la gente por ello concluyó “es evidente que estamos ante un Estado ciego, sordo y mudo”.