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En entrevista para MVS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega, Luis Alonso Abarca González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, habló sobre durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la violencia en Chiapas “se ha tranquilizado”.
"La situación actual sigue siendo de extrema gravedad, no coincidimos con la tendencia del gobierno federal, directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, de señalar que no es de importancia el tema de desplazamiento de la población", dijo.
Afirmó que hay una crisis humanitaria brutal, de la que no se cuenta con cifras exactas, al no haber manera de documentar cuántas personas están desplazadas.
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Señaló que el gobierno estatal reconoce entre algunos comunicados alrededor de 3 mil o más personas desplazadas, pero creen que la magnitud de la situación es mucho más grande.
Indicó que es imposible documentarla por la misma condición de que persisten los grupos armados, el control con retenes de los grupos armados en los municipios de Chicomuselo, La Concordia y Frontera Comalapa.
Aunado a que las cifras serían mucho mayores a lo reconocido por el gobierno, que insiste en minimizar la situación existente.
¿Qué dice el gobierno de Chiapas?
Agregó que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, al igual que el presidente, insiste en la narrativa de que todo está tranquilo y no pasa nada, que se atiende a la población desplazada por los medios de Protección Civil.
Comentó que también se anunció un plan de retorno, que consideró una locura al no haber condiciones para el retorno.
"Los mismos testimonios de la población lo dicen, mientras continúen operando los cárteles de la delincuencia organizada con total impunidad, mientras el gobierno continúa usando al Ejército para presionar a la población y amenazando a la población, no hay condiciones", expresó.
Luis Alonso Abarca González contó que este jueves se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para obligar a esta institución a solicitar información precisa a la presidencia y al gobierno del estado de sus acciones y medidas que toman para garantizar la seguridad de la población, que es su obligación constitucional.