La masacre de Nuevo Laredo, Tamaulipas donde elementos del Ejército mexicano abrieron fuego contra un grupo de siete personas que viajaban en una camioneta, de las cuales, solo una sobrevivió, ha conmocionado por la magnitud de la violencia e impunidad.
Una investigación realizada por “El País” pudo recabar el testimonio del único sobreviviente de esta matanza: Alejandro Pérez de 21 años.
Y es que, el pasado domingo 26 de febrero se dio a conocer uno de los casos que más reflejan las consecuencias de la militarización en el país, que es el abuso y la arbitrariedad de las autoridades.
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Los jóvenes asesinados habían salido de una discoteca en una camioneta pick up, y comenzaron a ser perseguidos por el Ejército sin motivo aparente.
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Alejandro Pérez recuerda que uno de los cuatro vehículos de los militares que los venían persiguiendo, chocó contra el suyo por detrás, donde posteriormente, los soldados comenzaron a disparar.
De acuerdo con lo recabado por “El País” al momento de la detención, los militares le preguntaron a Alejandro Pérez si quería vivir o morir.
Evidentemente el joven dijo que quería vivir, por lo que las autoridades le pidieron que se declarara culpable al admitir que estaban huyendo, y que de esta forma, su testimonio quedara grabado en video.
Pérez terminó accediendo a la extorsión, sabiendo perfectamente que era mentira, pero era eso, o terminar como los demás; muertos.
“Cuando ya salí de la camioneta, escuché que los militares decían, ’¡mátenlo, mátenlo!’ Me pusieron pecho a tierra, luego aún escuché dos disparos más, y ya al rato vi a mi hermano tirado en el piso”; declaró Alejandro Pérez a 'El País'.
La militarización en México
Aunque cuatro elementos del Ejército fueron vinculados a proceso por el asesinato de los cinco jóvenes de Tamaulipas, las familias de las víctimas lloran la pérdida injustificada que llevaron a cabo las autoridades.
De las 7 víctimas, solo Alejandro Pérez sobrevivió, mientras que otro se encuentra grave en el hospital por un coma inducido.
La masacre de Nuevo Laredo es investigada tanto por la Fiscalía General de la República (FGR) como por el Comité de Derechos Humanos de la entidad.