El ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas advirtió que tras la devastación causada por el paso de Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, la delincuencia organizada ha incursionado en el control y mercado negro del material de construcción, abarrotes, distribución de agua y en empeños y préstamos, además vaticinó una pronta explosión de la violencia.
En conferencia de prensa señaló que los daños a la infraestructura hotelera, de vivienda y de comunicaciones, así como a la economía y tejido social del puerto de Acapulco modificaron la estructura orgánica y fuentes de ingreso de dichos grupos delictivos, sin embargo es evidente que desde el siguiente día ajustaron su estrategia y táctica para sacar el mejor provecho de la crisis, por lo que habrá que estar atentos a su evolución, partiendo de la premisa de que los espacios que la autoridad no sea capaz de cubrir, ellos los capitalizarán con miras a consolidar su control territorial y base social.
Abundó que la ausencia de gobierno en la crisis que ha implicado el paso del huracán ha dejado espacios que está llenando la delincuencia, además la destrucción de la infraestructura de seguridad y justicia generará una ficticia disminución en los delitos y crecerá la cifra negra en detrimento de la población.
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Por su parte, Francisco Daniel Herrera, representante del Grupo BlackIND y ex miembro del CISEN, hizo un llamado a los gobiernos de los tres niveles y a los empresarios y habitantes de la zona afectada para que a partir del momento de la reconstrucción, se implementen mejores medidas de seguridad desde la estructura empresarial hasta la reconstrucción del tejido social.
Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano pidió además tener especial cuidado en los jóvenes que se han quedado sin oportunidades de empleo y desarrollo y en los niños y niñas que habitan esta región, ya que de por sí era un lugar con alto porcentaje de reclutamiento de éstos por la delincuencia y el turismo sexual infantil, entre otros delitos.
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Finalmente María Elena Morera, presidenta de Causa en Común lamentó que el gobierno “haya tomado distancia de las víctimas” y apuntó que los cálculos iniciales refieren que para reconstruir solamente Acapulco se requieren al menos 15 mil millones de dólares, 3.5 veces el presupuesto total del estado en 2023, mientras que el 96 por ciento de las viviendas resultaron dañadas y 80 por ciento de los hoteles; la falta de acción muestra “un gobierno estatal pequeño, opaco y omiso que no asume responsabilidades y está tomado por la delincuencia organizada”.