La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, denunció una serie de irregularidades e incluso inconsistencias en la emisión de la recomendación 161/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida el 29 de agosto de 2022, ya que comprueba algunas de las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Teteles, perpetradas por servidores públicos del Gobierno de Puebla, pero omite otros.
En conferencia de prensa, estudiantes de la escuela Normal señalaron que esta recomendación demostró la existencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y las detenciones ilegales sucedidas el 1 de junio de 2021, cometidas contra 32 alumnas de la misma institución, 9 estudiantes de la Escuelas Normales Rurales ubicadas en Ayotzinapa, Guerrero, Amilcingo, Morelos y Tiripetío, Michoacán, además de dos choferes.
Estos hechos sucedidos en las inmediaciones de la “Casa Aguayo”, aunque fueron ejecutados directamente por policías del estado de Puebla y personas vestidas de civil, también son responsabilidad de quienes los instruyeron, o por lo menos, permitieron su comisión, es decir, del Gobernador, Miguel Barbosa Huerta, y no solamente de su Secretario de Seguridad Pública. Por lo tanto, la Recomendación 161/2022 debió ser dirigida primordialmente al Gobernador, apuntaron.
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En el documento recomendatorio no se documentó la violencia sexual sufrida por normalistas rurales, mujeres y hombres, durante su detención, ni tampoco se realizaron los peritajes adecuados, según estándares nacionales e internacionales, para investigar la tortura sufrida por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. En el mismo sentido, la CNDH omitió comunicarse con las víctimas, previamente a la emisión de la Recomendación, para recabar sus opiniones o recibir aportaciones al expediente de queja, prerrogativas que son derechos humanos, dijeron.
Sin la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno y las estudiantes normalistas, se omite el derecho a la justicia y no repetición de los hechos, ademas aseguraron conocer que una de las motivaciones concretas de la represión reiterada hacia la base y el Consejo Estudiantil, es la pretensión de desmantelar y privatizar paulatinamente la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, a través de un proceso de certificación educativa, impulsado por el Gobierno de Puebla y el cuerpo directivo del plantel. Por lo cual, demandaron que no se lleve a cabo tal certificación, ya que pretende eliminar el modelo normalista rural.
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Finalmente reiteraron su exigencia de la renuncia o remoción del Director, Antonio García Ordoñez, de Leticia Martínez Barrientos, Subdirectora Académica, y Emilio Guerrero Becerra, Subdirector Administrativo, con motivo de la comisión de múltiples delitos y faltas administrativas.