El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que reforma la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para prohibir contenidos que hagan apología del delito, como los narcocorridos, en eventos abiertos al público.
La medida también modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer la protección de menores frente a contenidos que promuevan la narcocultura y la glorificación de la violencia.
¿Qué prohíbe la reforma sobre narcocorridos?
La reforma establece restricciones a la difusión de contenidos que exalten actividades delictivas en espectáculos públicos, particularmente aquellos que:
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- Glorifiquen a grupos criminales
- Normalicen la violencia
- Presenten a delincuentes como figuras aspiracionales
Además, se prohíbe la reproducción de este tipo de contenidos en entornos escolares donde haya presencia de menores.
¿Busca limitar la libertad de expresión?
La diputada promovente, Laura Álvarez, aseguró que la iniciativa no tiene un enfoque prohibicionista, sino de regulación.
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“No se trata de perseguir expresiones culturales, sino de establecer límites razonables frente a contenidos que afectan a niñas, niños y adolescentes”, señaló.
¿Por qué se impulsa esta medida en CDMX?
De acuerdo con la legisladora, la reforma responde al contexto de violencia que vive el país, donde el crimen organizado ha ganado presencia en distintos ámbitos.
Álvarez subrayó que las autoridades deben actuar con congruencia y evitar que se normalicen mensajes que puedan influir negativamente en la formación de menores.
Protección a niñas, niños y adolescentes ante la narcocultura
Uno de los ejes centrales de la reforma es reforzar la obligación del Estado de proteger a menores frente a contenidos que promuevan la violencia o el crimen.
Esto incluye evitar su exposición en espacios públicos y educativos a mensajes que idealicen a figuras delictivas.
¿Qué sigue tras la aprobación?
Tras su aprobación en el Congreso de la Ciudad de México, la reforma deberá ser promulgada para su entrada en vigor.
Su implementación implicará la supervisión de espectáculos públicos y espacios educativos para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
La decisión abre el debate sobre los límites entre libertad de expresión y regulación de contenidos en contextos de violencia.
Mientras algunos sectores respaldan la medida como necesaria para proteger a menores, otros advierten sobre posibles implicaciones en la difusión de expresiones culturales en México.