A un mes del colapso en el inmueble de San Antonio Abad 124, que costó la vida de tres trabajadores y lesiones graves en una cuarta persona, sus asesores jurídicos mantienen la coadyuvancia con la Fiscalía de la Ciudad de México, con la finalidad de determinar posibles responsabilidades y hacer justicia para las familia de las víctimas.
Se han detectado irregularidades por parte de la empresa en seguridad
El penalista Adrián Arellano, del despacho Vega Mac Gregor Arellano aseguró que la investigación es considerada de alta complejidad técnica y jurídica, pero se aplica toda la capacidad para evitar que el hecho quede impune.
“Aquí lo que hemos detectado son varias irregularidades por parte de la empresa en cuanto a las cuestiones laborales y de seguridad, derivado de ello es que nosotros insistiremos en establecer quien tuvo la responsabilidad en primer momento, referente a este lamentable incidente”, destacó en entrevista con MVS Notocias.
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Explicó que es posible que antes de que se cumpla otro mes, se solicitará audiencia al juez de control, en la que se imputará a la empresa a cargo de la demolición.
“Con los dictámenes periciales determinaremos en primera línea, esta responsabilidad e iremos y hacemos énfasis en cuanto a la posible responsabilidad de esta persona moral que tendrá en su momento que rendir cuentas referente a esta situación ante ello, esperemos que antes de que concluya este segundo mes podamos tener avance sustanciales, como es llevar y celebrar una audiencia inicial en contra de la persona moral y de las personas que tengan responsabilidad en este tramo”, puntualizó.
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En este primer mes, la Fiscalía capitalina ha recabado información de diferentes instituciones públicas y particulares, con un avance sustancial.
El inmueble, que funcionaba anteriormente como oficinas, presentaba daños estructurales severos derivados de los sismos de 1985 y 2017.
Este día se llevará a cabo la inspección física del inmueble para la elaboración de los dictámenes periciales que determinarán la causa del derrumbe.
Precisó que de acreditarse la causa del derrumbe mediante los dictámenes periciales, se abrirá la posibilidad de fincar responsabilidad penal a la persona moral involucrada.
Agregó que “este sería un hecho sin precedente en la Ciudad de México, ya que sería el primer caso que a una empresa se le impute por hechos de esta naturaleza".
El compromiso, dijo, es con las víctimas y con el acceso efectivo e irrenunciable a la justicia.