La Ciudad de México ha registrado en los últimos seis años un marcado descenso de más del 85 por ciento, en el delito de secuestro.
El descenso en las denuncias de secuestro ante la Fiscalía General de Justicia capitalina ha sido progresivo, puesto que en 2019 se reportaron 180 casos y para 2025, las denuncias disminuyeron a 26, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La coordinación con la federación y las unidades especializada en materia de secuestro, así como su continua capacitación y el uso de nuevas tecnologías, son factores que han permitido golpear a la industria del secuestro.
La estrategia también contempla las sentencias condenatorias que logra la Fiscalía capitalina, por el ilícito de secuestro, pues tan solo en 2024 el Poder Judicial capitalino dictó 154 sentencias con penas de seis a 254 años de prisión.
Muestra del trabajo emprendido por la Coordinación de Enjuiciamiento es la pena de 70 años de cárcel, en contra de tres individuos, penalmente responsables del delito de secuestro agravado, en perjuicio de dos víctimas.
Secuestran a dos personas asiáticas y las privan de la vida
El juzgado 18 penal del Reclusorio Oriente dictó sentencia condenatoria en contra de José Luis A.L, Juan Carlos C.L. y Adán V.M.
El 20 de octubre del 2007, las dos personas afectadas, de origen asiático, llegaron a su bodega en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, cuando fueron sorprendidos por los ahora sentenciados.
Los sujetaron y subieron a una camioneta propiedad de una de las víctimas, y los llevaron a una casa de
seguridad en el estado de Hidalgo, donde pidieron a sus familiares un millón de pesos, pero el 23 de octubre del
2007, los dos secuestrados fueron hallados sin vida con disparos de arma de fuego, en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Cumbres perteneciente al municipio de San Bartolo Tutotepec Hidalgo.
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Además de la pena de 70 años de prisión, el juzgador les impuso una multa de 632,125 pesos, por el delito de secuestro agravado.
Además, los condenó al pago de la reparación del daño consistente en restituir una camioneta Urvan, con 92 canceles y 51 lavabos, con un valor de 726,300 pesos.
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También, les suspendieron sus derechos políticos, y les negaron el beneficio y sustitutivos por el quantum de la pena.